El texto ha sido expuesto por la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha defendido la movilización de recursos por valor de 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, con medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.
El real decreto-ley se centra en cuatro áreas prioritarias: familias, trabajadores, empresas e investigación. El objetivo es iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás, relanzando nuestra economía, nuestra producción y nuestro empleo.
Ayudas a las familias
Mediante la convalidación de esta norma, se destinarán 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.
Con el fin de garantizar el derecho a la vivienda, se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores en situación de especial vulnerabilidad. Asimismo, se ampliará la protección a los suministros de servicios públicos esenciales, en particular en el ámbito del agua y de la energía, y se garantizarán los servicios de telecomunicaciones.
Protección del empleo
Las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Los ajustes temporales de plantilla se gestionarán a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES). Además, en el presente real decreto ley se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitándoles que tengan acceso a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella.
Respecto a los trabajadores asalariados, podrán adaptar o reducir su jornada de trabajo para atender las necesidades de conciliación derivadas de esta crisis. Igualmente, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad, cuando las circunstancias lo permitan.
Por su parte, el colectivo de autónomos tendrá flexibilización en el acceso al cese de actividad, que será compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social.
Liquidez a las empresas
El real decreto-ley prevé la aprobación de una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros. Como complemento a esta medida, se permite ampliar la capacidad de endeudamiento neto del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en 10.000 millones de euros, para facilitar inmediatamente liquidez adicional a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, a través de las Líneas de ICO de financiación ya existentes.
Por otro lado, también se reforma la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones.
Inversión en investigación
Por último, mediante este real decreto-ley se dotará con 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III, con el fin de hacer frente a los retos científicos y de investigación derivados de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
