En el Real Decreto relativo a la programación de 2019 de nuevas unidades judiciales, se dispone la creación de 51 juzgados y la dotación de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados. En cuanto a los juzgados de nueva creación, 21 son juzgados de primera instancia, 8 de primera instancia e instrucción, 6 de lo penal, 11 juzgados de lo social, 4 juzgados de lo mercantil y 1 juzgado decano exclusivo. Además, se procede a la constitución de 2 juzgados en la Comunitat Valenciana que habían sido suspendidos en 2011. En este territorio se crea también la Sección de Apelación Penal en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para atender la entrada de asuntos derivada de la instauración de la segunda instancia penal.
La fecha de efectividad de las plazas de magistrado en los órganos judiciales colegiados y la entrada en funcionamiento de los juzgados que se crean y constituyen en este Real Decreto será fijada por la ministra de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo de Ministros ha aprobado asimismo un Real Decreto por el que se amplía, por primera vez desde 2015, la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. En esta modificación de plantilla destaca el refuerzo de medios personales para abordar la lucha contra la corrupción con la creación de nueve plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de una plaza en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, se adecúa la plantilla del Ministerio Fiscal a las necesidades existentes en el Campo de Gibraltar. Este refuerzo trata de garantizar una respuesta judicial proporcionada y adecuada al fenómeno de la criminalidad organizada creciente en la comarca y las provincias limítrofes, principalmente en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el blanqueo de capitales. El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó ya la creación de cinco unidades judiciales dentro del Plan Integral Campo de Gibraltar con cargo a los presupuestos de 2018.
También, y en línea con el compromiso del Ejecutivo con los derechos de los colectivos más desfavorecidos, se crea una plaza de fiscal de sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores.
Por otro lado, se amplía el número de plazas en aquellas fiscalías que han requerido durante, al menos, los tres últimos años, medidas específicas de refuerzo para afrontar el incremento de carga de trabajo, lo que determina que se trata de necesidades estructurales y no meramente coyunturales.
