El objetivo de este foro es “colaborar conjuntamente en favor de las personas con discapacidad”, en palabras de la vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco. La entrada en vigor de la Ley hace necesaria la colaboración de todos los operadores jurídicos, universidades y asociaciones, lo público y lo privado, para “dar a conocer y aportar soluciones a las necesidades reales de las personas con discapacidad”.
Al encuentro han asistido representantes de la magistratura, la fiscalía, la abogacía, la Diputación Foral de Bizkaia, las universidades o representantes de las personas con discapacidad y de las asociaciones de apoyo.
El acto estuvo presidido por la vicedecana Carmen Velasco y los miembros de la Fundación Aequitas, los notarios Almudena Castro-Girona Martínez, Manuel Rueda Díaz de Rábago, el decano del Colegio de las Islas Canarias Alfonso Cavallé Cruz, así como Gonzalo López Ebri, patrono de la Fundación y teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana, y Francisco Jesús González Ruiz, adjunto a la dirección de Aequitas y abogado especialista en discapacidad. Por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco su presidente, Iñaki Subijana, y la magistrada Patricia Arrizabalaga; de la Fiscalía del TSJPV, la Fiscal Superior, Carmen Adán; de parte de la Diputación Foral de Bizkaia, el Diputado de Acción Social Sergio Murillo; del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, el decano Carlos Fuentenebro y el vocal Ángel Martín Belloso; de EDEKA, Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad, Mª José Cano; de la UPV, el Vicedecano Coordinador, José Manuel Martín Osante; Gema Tomás Martínez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, Aitor Bedialauneta, presidente de Euskal Gorrak, (Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas) y Marian Cantalapiedra, responsable de Hegoak (Servicio Atención integral de personas sordas).
Almudena Castro-Girona, notario en Castellbisbal y directora de la Fundación Aequitas, hizo hincapié en la labor de la Fundación, que el año próximo cumplirá 25 años en pro de las personas con discapacidad. “El notario autoriza instrumentos públicos pero trabaja con personas en contacto directo. La Fundación Aequitas se ha convertido en un referente jurídico nacional e internacional, una plataforma solidaria que nace desde el Consejo General del Notariado pero que intenta aunar a todos los operadores jurídicos en esa defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. El reto que tenemos hoy es la aplicación de la Ley 8/2021 y creemos que es necesaria una coordinación autonómica y hallar puntos de encuentro para que los diferentes implicados se den la mano y se pongan de acuerdo, porque muchas veces la coordinación y la buena praxis pueden hacer que la Ley se desarrolle adecuadamente. Ya existe un marco jurídico, y no se trata de una ley más porque con ella estamos impulsando la autonomía de las personas, el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Esta Ley consagra la dignidad de todo ser humano. Cada Comunidad Autónoma tiene sus diferencias, su idiosincrasia, y desde nuestras particularidades debemos trabajar en favor de las personas que puedan tener discapacidad: desde una persona mayor con Alzheimer a un joven con Asperger. Lo jurídico y lo social han de ir de la mano en el impulso de la Ley 8/2021y tener en el centro a las personas y sus familias”.
El diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, Sergio Murillo, apeló a la preocupación de las distintas Diputaciones por las personas con discapacidad. “El marco anterior a 2021 nos llevaba a situaciones injustas. La convención de Nueva York nos ayudó a abrir el camino y ahora toca el despliegue de la Ley. Hemos hecho adaptar la norma foral del Instituto Tutelar de Bizkaia al nuevo marco legislativo”. De hecho, las Juntas Generales de Bizkaia dieron luz verde la semana pasada al texto que incorpora y regula el Instituto para la Provisión de Medidas de Apoyo, Gaikuntza (Capacitación), que sustituye a lo que hasta ahora ha sido el Instituto Tutelar de Bizkaia (ITB). El nuevo texto normativo viene a adaptar la normativa foral por la entrada en vigor de la Ley 8/2021 que suprimía la incapacitación judicial, lo que obligaba a modificar la normativa foral 9/2000, de 31 de octubre. Murillo incidió en la necesidad de promover un cambio cultural en el concepto discapacidad, “en especial en lo que se refiere a quienes rodean a esas personas con discapacidad para que vean que cuentan con más apoyos y más derechos. Es fundamental la sensibilización social, las buenas praxis de los servicios sociales y el dar a conocer este nuevo marco normativo”.
En este sentido, la fiscal superior Carmen Adán defendió el impulso que desde la Fiscalía se está haciendo y el trabajo en equipo, vertebrado en la figura de una fiscal de sala. Así lo subrayó Gonzalo López Ebri, teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana, para quien la Fiscalía sólo sigue las directrices de lo que marca la Ley, que es un tratamiento multidisciplinar. “La discapacidad no se puede tratar sólo desde la fiscalía sino que ha de hacerse desde la sociedad. Si estamos aquí no es por la Ley sino por la discapacidad”.
Por su parte, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, apuntó que su aportación ha de hacerse en un doble sentido: “los objetivos tienen que ver con el acceso no sólo físico sino también a la justicia, con la atención, es decir, la comunicación para que sea comprensible lo que hablamos y que nos exige una reflexión, y con el acompañamiento, para que las personas tengan siempre un interlocutor. La suma de estos tres planos mejorará la situación de las personas con discapacidad, además de hacer hincapié en los posibles cambios normativos, tanto civiles como penales, que conllevará la aplicación de la nueva Ley según criterios de rendimiento”.
En este sentido, la magistrada Patricia Arrizabalaga apuntó que el espíritu de la ley es respetar la voluntad de la persona y su autonomía. Porque hemos de tener en cuenta que las personas vienen para que les resolvamos problemas no para que les pongamos más”.
El decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Carlos Fuentenebro, señaló que se ha creado un foro para la formación continua y especializada de los letrados para que conozcan mejor la Ley. “Los abogados también somos la primera trinchera del ciudadano, recibimos a las personas, empatizamos con nuestros clientes y nos volcamos para apoyar a las personas. Además, se ha creado un turno de oficio para ayudar a estas personas”, dijo.
Gema Tomás y José Manuel Martín pusieron voz a las universidades y mostraron la labor académica que se está llevando a cabo para sensibilizar a los estudiantes en la comprensión no sólo del nuevo marco jurídico sino también de aquellas personas que viven en la discapacidad. Formación y difusión de la norma son los pilares en los que se asienta su trabajo para aquellas personas que acabarán desempeñando funciones jurídicas. Además, mostraron su disposición para el estudio y detección de aquellos posibles puntos de mejora de la nueva Ley.
Desde el Notariado, tanto Alfonso Caballé como Manuel Rueda subrayaron el valor de la escritura pública como título ejecutivo, el carácter obligacional de lo que firman las personas con discapacidad. “La institución notarial está muy vinculada a la persona, suele recoger un sentimiento que nace en la sociedad y se plasma a la ley. En este caso, lo primero ha sido el cambio legislativo y toca ahora ponerlo en práctica. Estamos hablando de la libertad de la persona con discapacidad, pero la libertad implica responsabilidad. Los notarios tenemos una gran labor porque en el fondo esta Ley nos implica a todos, que precisamos ayuda en determinados momentos de nuestra vida, de ahí que necesitemos un trato directo, personal, que es la esencia de la función notarial”.
Tanto EDEKA como Euskal Gorrak manifestaron su agradecimiento por la creación de un foro como el impulsado por la Fundación Aequitas y el Colegio Notarial del País Vasco: “El acceso a la justicia es fundamental. Cómo hacer accesible la comunicación con los operadores jurídicos para que se beneficie la comunicación no sólo física sino cognitiva y la sensibilización a las personas que ya tienen un estigma y a las que se ve de forma distinta por tener una discapacidad mental, por ejemplo”, apuntó Mª José Cano. “Todos somos personas y para participar en la sociedad necesitamos colaboración y apoyos mutuos. La sociedad vasca quiere ser una sociedad inclusiva”.
Como punto final del acto, la vicedecana Carmen Velasco añadió que el propio Derecho Civil Vasco cuenta con figuras propias que pueden ayudar a las personas con discapacidad, como es el testamento por comisario, e instó a sumar a nuevos participantes al foro y a un nuevo encuentro que se celebrará el próximo 15 de mayo”.
