En el convenio, sin contraprestación económica para ninguna de las partes, señalan los siguientes ámbitos de actuación:
- Establecer un posicionamiento estratégico común sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
- Aumentar la participación en jornadas formativas y de sensibilización de ambas instituciones y elaborar materiales que promuevan un acceso efectivo de estas personas al derecho a la asistencia letrada y al derecho de defensa.
- Difundir y formar sobre el derecho a los ajustes de procedimiento -adaptaciones para hacerles comprensible todo el proceso- y proponer un perfil profesional de la figura del facilitador de acceso a la justicia, así como promover su habilitación formal mediante un estatuto propio y unos requisitos formativos.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica reconoce que en los procesos que participen estas personas se deben realizar las adaptaciones y ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Entre dichos ajustes reconoce la figura del profesional experto facilitador.
El Convenio, firmado este jueves 9 de junio por la presidenta del Consejo General de la Abogacía y su Fundación, Victoria Ortega, y la presidenta de Plena Inclusión España, Carmen Laucirica, es una muestra del consenso social e institucional existente en España para promover los derechos de los sectores sociales más desfavorecidos y la salvaguarda del derecho de defensa.
La Abogacía Española y Plena Inclusión llevan desde 2013 colaborando en acciones formativas en la materia como las Aulas de Derechos Humanos, organizadas por Fundación Abogacía, las cuatro ediciones del Curso de protección jurídica a las personas con discapacidad o los diferentes actos de divulgación y sensibilización dirigidos a desarrollar la calidad de vida de este colectivo y promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho.
