Así lo ha detallado Darias durante su primera comparecencia ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública en el Congreso para detallar las líneas fundamentales de su departamento, en la que ha explicado que se centrarán en el objetivo de modernizar y revalorizar el sistema de Función Pública y en disponer de plantillas "suficientes y adecuadas".
Darias ha avanzado su propósito de lograr un nuevo acuerdo con los sindicatos para la mejora del empleo público, tras monitorizar los anteriores, y ha anunciado la intención del Ejecutivo de presentar un proyecto de Ley de Función Pública en la AGE para desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de acometer un "profundo proceso de transformación" en el sistema de empleo público, una "necesidad ampliamente sentida por todos los sectores".
La reforma se vertebrará en torno a la figura del empleado público, ha precisado la ministra, quien ha indicado que se encuadra en las reformas estructurales previstas por el Gobierno para impulsar la racionalización de la Administración, mejorar su calidad y eficacia y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad.
La ministra ha abogado por disponer de plantillas "adecuadas y suficientes", ya que el saldo de efectivos entre 2018 y 2019 es negativo a pesar de la intensificación de las ofertas de empleo desde 2017, especialmente en 2019, con la mayor oferta de los últimos 11 años (33.793 plazas de personal funcionario y laboral).
En este sentido, se ha referido al problema del envejecimiento en las plantillas de la AGE, ante la previsión de que se jubile el 51% del personal en la próxima década y el hecho de que la edad media se sitúe en 52 años, casi diez años más respecto a la media de la población activa.
Además, ha indicado que el nivel de empleo público sigue siendo inferior al de la mayoría de países desarrollados pese a las últimas ofertas, al situarse el porcentaje en el 15,3%, frente al promedio del 18% de los 36 países que conforman la OCDE. "Todo esfuerzo por modernizar y revalorizar el sistema es necesario", ha apostillado.
Sobre el plan de estabilización del personal temporal aprobado por el exministro del PP Cristóbal Montoro, que preveía situar la temporalidad por debajo del 8%, ha indicado que los acuerdos no se están cumpliendo de la misma forma en todas las administraciones, aunque "la Administración del Estado sí ha cumplido".
Precisamente la Mesa General de Negociación ha impulsado esta semana los procesos selectivos para 5.390 personas, en la AGE, con una tasa de temporalidad ya inferior al 8%.
Plan de formación y Estatuto del Directivo Público
Por ello, ha anunciado un plan estratégico de formación para la AGE, que se centrará en cursos selectivos y másteres para los nuevos empleados y oferta de formación continua para la AGE y la administración local, mejorando el funcionamiento y la evaluación de actividades presenciales, así como un plan de captación del talento para "poner freno al envejecimiento".
Para conseguir el rejuvenecimiento de las plantillas se fortalecerán el Instituto de Administración Pública (INAP) y el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP), como principales instrumentos para lograr el objetivo.
En materia retributiva se ha limitado a recordar que una de las primeras medidas del Gobierno de coalición fue aprobar el incremento del 2% del sueldo de los empleados públicos con efectos a 1 de enero de 2020, a través de un real decreto-ley convalidado sin ningún voto en contra.
Ha querido incidir en las dificultades para cubrir determinadas vacantes en algunos sectores, ya que, por ejemplo, en los cuerpos de habilitación nacional se quedaron vacantes el 32% de plazas de turno libre y el 48% de promoción interna. Sobre las lenguas cooficiales ha insistido en que "será un mérito, nunca un requisito", aunque ha puntualizado que ello no es óbice para que tenga el "correlato" correspondiente en forma de complemento salarial.
En el turno de réplica, Darias ha confirmado también que verá la luz un nuevo Estatuto del Directivo Público para dar "más garantías", tal y como venía reclamando la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil (Fedeca).
Requisitos de acceso, igualdad y discapacidad
Igualmente, ha anticipado cambios en materia de acceso a la Función Pública, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y modernizando las categorías relativas a requisitos de acceso, el proceso selectivo y la racionalización de los cuerpos.
Ha avanzado también la adopción de medidas "prioritarias" en materia de igualdad, para lo que se impulsarán itinerarios formativos en igualdad para capacitar al personal de recursos humanos, directivos y unidades de igualdad sobre el uso de herramientas que garanticen la integración de la perspectiva de género en el uso diario.
A su vez, se apoyará la conciliación de la vida personal, familiar y laboral abordando obstáculos para el desarrollo de la carrera profesional y con el uso de experiencias pilotos en buenas prácticas como el teletrabajo, una cuestión "a trabajar de la mano de organizaciones sindicales y el Parlamento". También ha adelantado que verán la luz medidas de detección temprana de acoso sexual, con más formación al respecto.
Por otra parte, sobre Muface ha indicado que continuará la modernización del organismo con el desarrollo del Plan Estratégico y comenzará la elaboración de otro Plan Estratégico 2020-2023, incorporando la digitalización.
