¿Deben contar los administradores de fincas y abogados con hojas de reclamaciones para atender a sus clientes comuneros y de temas jurídicos de propiedad horizontal?

La respuesta a la cuestión planteada pudiera parecer sencilla a la vis...

La respuesta a la cuestión planteada pudiera parecer sencilla a la vista de cuál es el fundamento de la tutela -y progresiva profundización de la misma de la posición del consumidor adquirente, en este caso, de servicios profesionales.

La sentencia AP Málaga de 27 de febrero de 2007 -EDJ 2007/64354 enunciaba que el Administrador de Fincas no está obligado a rendir cuentas frente a un único propietario considerando que el Administrador «-... es un órgano que responde únicamente frente a la junta de propietarios y ante la cual debe rendir cuentas de su gestión, en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal -EDL 1960/55-, no siendo en ningún caso responsable frente a los distintos propietarios, ni tampoco está obligado, de forma individual con cada uno de ellos, a rendirles cuentas de su gestión. Sentado lo anterior, esto no debe llevar al absurdo de que si un propietario solicita del administrador algún tipo de información sobre alguna cuestión relativa a la comunidad que de forma concreta le afecte, por ejemplo, si adeuda o no alguna cuota comunitaria, éste pueda negarse de forma absoluta a dar tal información. Pero una cosa es facilitar una concreta información a los propietarios que lo soliciten y, otra cosa distinta es estar obligado a facilitar la totalidad de la documentación contable de la Comunidad o realizar una rendición de cuentas privada frente un único propietario... ».

La respuesta a esta cuestión no parece uniforme en todo el territorio, sino que por el contrario viene condicionada por la diversa normativa autonómica. Así,  el artículo 29.2 a del Decreto 1/2010, de 14 de enero -EDL 2010/1011-, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid,  establece que están exentos de la obligación de disponer de hojas de reclamaciones «los profesionales liberales en el ejercicio de las actividades para las que obligatoriamente tengan que estar colegiados, cuando el colegio profesional legalmente reconocido disponga de comisión deontológica».

Y dato que los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas cumplen dicho presupuesto, contando con una Comisión de Disciplina ante la que pueden plantearse las quejas y reclamaciones contra los colegiados, debe entenderse que dichos profesionales se encuentran dentro de los supuestos de exención que establece el Decreto. Así las cosas, podría concluirse que no es obligatorio que los administradores de fincas dispongan en sus despachos de hojas de reclamaciones pues las quejas a su labor se dirigirán, en su caso, al Colegio de Administradores de Fincas al que pertenezca el administrador.

Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como ya lo hiciera antes el Decreto 77/1994 -EDL 1994/19346-, la vigente Ley 1/2011, de 22 de marzo -EDL 2011/13295-, en su artículo 53, intitulado “Hojas de reclamaciones” dispone que:

«1. Todas las personas físicas o jurídicas, profesionales o empresarios y todos los establecimientos de la Comunitat Valenciana, fijos o ambulantes, de titularidad pública o privada, que, en régimen de derecho privado, comercialicen bienes inmuebles o muebles, productos o presten servicios a los consumidores en la Comunitat, deberán tener a disposición de los consumidores y entregarles de forma gratuita las hojas de reclamaciones instrumentalizadas en impreso normalizado. Del mismo modo, deberán tener hojas de reclamaciones a disposición del consumidor, los sujetos que comercialicen bienes o presten servicios fuera del establecimiento, así como los espectáculos públicos y actividades recreativas.

2. La tramitación de las hojas de reclamaciones y la posibilidad de su presentación telemática se regulará reglamentariamente.

3. Las hojas de reclamaciones se anunciarán en los establecimientos mediante carteles colocados al efecto en sitio claramente visible al público, en las condiciones que se establezca reglamentariamente.».

Pero en el supuesto de la Comunidad Valenciana es interesante destacar que la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Alicante de 10 de septiembre de 2003, anuló la sanción impuesta por el Servicio Territorial de Consumo de la Generalitat Valenciana a un Abogado y Agente de la Propiedad Inmobiliaria por carecer de hojas de reclamaciones y por no exponer en lugar visible de su despacho un cartel anunciador de las mismas, desarrollando en sus fundamentos jurídicos el criterio de que la defensa de los consumidores y usuarios, en el supuesto de profesionales colegiados, se realiza a través de los propios Colegios, quienes ostentan la potestad disciplinaria en relación a sus colegiados, sin perjuicio de la posibilidad del acceso de los perjudicados a los Tribunales ejercitando las acciones pertinentes en Derecho.

Y es que la finalidad perseguida es la protección de los consumidores, sin perjuicio obviamente de la posibilidad de acceso a la tutela judicial en los términos establecidos por las normas de procedimiento. Así las cosas, si existen esos otros cauces, no se precisa el desenvolvimiento de este escenario. Y tal ocurre en el ámbito del Estatuto General de la Abogacía -EDL 2001/23497-, del Reglamento de los Colegios de Administradores de fincas -EDL 1969/707-, de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria -EDL 1969/1945 y otras profesiones colegiadas.

La pregunta que se formula por el coordinador resulta totalmente justif...

La pregunta que se formula por el coordinador resulta totalmente justificada ya que la respuesta que se ha dado a la misma no ha sido siempre unívoca, quizá debido a que las diversas normativas comunitarias que regulan la “Hoja de Reclamaciones” tampoco lo es.

Así, nos encontramos, por ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, con que, mientras en la Comunidad de Madrid parece que no es obligatorio para los profesionales liberales colegiados la tenencia de la citada Hoja de Reclamaciones, siempre que el Colegio profesional disponga de comisión deontológica -decreto 1/2010, de 14 de enero -EDL 2010/1011--, en el ámbito de las Comunidades autónomas de Andalucía -decreto 72/2008, de 4 de marzo -EDL 2008/10389- o Valencia -decreto 77/94, de 12 de abril -EDL 1994/19346--, tal exención no existe, lo que puede suscitar dudas acerca de si, como se pregunta, resulta obligatorio para los Administradores de Fincas y Abogados la tenencia de Hojas de Reclamaciones a disposición de sus respectivos clientes.

Para dar una respuesta, llamémosle “universal” y válida para todo el territorio del Estado habrá que comenzar por señalar que el art. 36 de la CE -EDL 1978/3879 dispone que «La Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos».

Lo anterior supone que, con base en la reserva de ley que contiene dicho precepto, los Administradores de fincas y Abogados estén sometidos a la normativa de sus respectivos Colegios profesiones, siendo éstos, como viene a señalar la STC de 1 de octubre de 1.998 -EDJ 1998/21840-, los que desempeñen funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por tales profesionales, debiendo ser los mencionados Colegios quienes reglamenten el cauce por el que puedan presentarse y tramitarse las oportunas quejas y reclamaciones por parte de los clientes.

Estimo que por la reserva de ley indicada, y con sustento también del art. 139 CE -EDL 1978/3879-, que proclama que “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, no será factible reglamentar de forma distinta las obligaciones en torno a la llevanza de Hoja de Reclamaciones -origen de la pregunta que se contesta-, debiendo estarse a la normativa de los respectivos Colegios profesionales, ya sea el Estatuto General de la Abogacía Española -EDL 2001/23497 o Estatutos Generales de la Profesión de Administrador de Fincas. En ambos se recoge un procedimiento sancionador para el colegiado que incumpla sus respectivas obligaciones respecto al cliente y a ellos habrá que estar, encauzando las reclamaciones que hubiere a través de dichos Colegios -arts. 80 a 93 en el Estatuto General de la Abogacía y arts.88 a 90 del Estatuto General de la Profesión de Administrador de Fincas-.

No debe olvidarse que a través de la queja, lo que se pretende es que el Consumidor o Usuario del servicio que le es prestado por el profesional ponga de relieve ante la Administración su disconformidad con el modo de proceder de aquél, a fin de que, en su caso, pueda ser corregido y sancionado. Pues bien, esto, en última instancia, se conseguiría con la reclamación presentada ante el respectivo Colegio profesional que, en este sentido, tendría el carácter de Administración.

Los Colegios Profesionales tienen la facultad de elaborar sus propios Estatutos conforme establece el art. 6 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales -EDL 1974/757-, modificada por Ley 74/1978 -EDL 1978/3861-, y Ley 25/2009 -EDL 2009/282506-, señalándose en el art. 12, expresamente, que: «2… dispondrán de un servicio de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses. 3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de atención a los consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho…».

Como indica el art. 1 de dicha Ley de Colegios Profesionales -EDL 1974/757-, «1. Los Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 3. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial.».

 Por ello, si tales Colegios tienen entre sus fines, como se dijo anteriormente, la defensa de los intereses, no sólo de los colegiados, sino también de los Consumidores y Usuarios de los servicios prestados por aquéllos, habrá de estarse a la normativa sancionadora de cada uno de los respectivos Colegios -en Andalucía los Colegios Profesionales se encuentran específicamente regulados por la Ley 10/2003, de 6 de Noviembre -EDL 2003/136117--.

La citada Ley 2/1974 -EDL 1974/757-, en su art. 5, otorga a los Colegios profesionales la potestad de Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial. Por ello, el Consumidor o Usuario afectado por el servicio prestado por un Administrador de Fincas o Abogado debe articular su reclamación contra aquéllos por la vía que les abre la referida Ley ante el Colegio respectivo, acudiendo al procedimiento disciplinario regulado en el estatuto correspondiente -  que será el aplicable y no el general previsto por cada comunidad autónoma para las Hojas de Reclamaciones -  sin que sea exigible a los profesionales o al propio Colegio la tenencia de las Hojas de reclamación previstas en las respectivas legislaciones comunitarias.

Serán, pues, los propios Colegios los que ejerzan, cuando corresponda, su potestad disciplinaria y, en su caso, sancionadora, sobre sus Colegiados, conforme a las normas reglamentarias que regulan dicho régimen en cada Colegio, si bien, de acuerdo con lo que dispone el art. 8.1 de la citada Ley de Colegios Profesionales -EDL 1974/757-, «Los actos emanados de los órganos de los Colegios y de los Consejos Generales, en cuanto están sujetos al Derecho Administrativo, una vez agotados los recursos corporativos, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.».

Como ponía de manifiesto una resolución de diciembre de 2.016, dictada por la Dirección General de Consumo, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía revocando una sanción impuesta a un Abogado por no disponer de Hojas de Reclamaciones, «El régimen disciplinario incumbe a los respectivos colegios, y todo ello sin olvidar que, además, forman parte de la Administración corporativa e institucional como establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -EDL 2015/167833-. De manera que un Colegio profesional es Administración y Administración sancionadora, si fuera preciso, lo que conlleva una modalidad tuitiva más adaptada a la concreta profesión, que el sistema de las hojas de reclamación».

Por tanto, en base a lo que se acaba de exponer entiendo que no es exigible a los Administradores de Fincas y Abogados la tenencia de Hojas de Reclamaciones para sus clientes Consumidores o Usuarios, debiendo ceder la legislación emanada en torno a la defensa de éstos en favor de la Ley especial que regula la actividad de los profesionales colegiados.

El art. 51 CE -