El órgano presidido por Ángel Gabilondo ha respondido así a la corporación profesional, que el pasado lunes le afeó que recomendara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adoptara las "medidas oportunas" para "evitar actuaciones dilatorias de mala fe de los letrados".
La citada recomendación, que fue emitida el pasado septiembre y recogida en el informe anual 2023 del Defensor del Pueblo, indicaba textualmente: "Que el CGPJ adopte las medidas oportunas para garantizar que los magistrados y jueces ejercen debidamente la función de ordenación del proceso, asegurando el principio de buena fe procesal, y que apliquen las herramientas legales de las que disponen para evitar actuaciones dilatorias de mala fe de los letrados, que perjudican el derecho a la justicia sin dilaciones indebidas".
Según ha precisado este martes el órgano en un comunicado, esta recomendación responde a un caso concreto en el que el propio letrado de la Administración de Justicia del juzgado reconoce que las dilaciones indebidas en este proceso se debieron "a la actuación claramente dilatoria del abogado de la parte demandada".
Desde la Abogacía Española insistió en que "siempre actúa desde el principio de buena fe procesal y es el primer defensor del derecho a justicia sin dilaciones indebidas".
