De acuerdo con su valoración, PwC asegura que actualmente existe una comprensible preocupación y gran inquietud entre los procuradores porque el anteproyecto del Gobierno trae como consecuencia la desaparición de su reserva de actividad en la representación procesal, lo que significa que desaparece también la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía.
La consecuencia inmediata es que ya no serán los procuradores quienes exclusivamente, como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, tramiten 80 millones de notificaciones al año. "La actividad de la Procura en España –asegura- suponen una contribución al PIB total de 800 millones de euros, lo cual representa un 0,77% del PIB de España en 2012".
Además, puntualiza el Análisis, "la supresión de la incompatibilidad entre procuradores y abogados que establece el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales determinarán una serie de efectos negativos para la ciudadanía en general, que incluirán tanto costes económicos directos como la posibilidad de que se produjesen problemas de funcionamiento en la Administración de la Justicia lo que se traduce en un deterioro en la calidad del servicio, un mayor coste para el contribuyente en el acondicionamiento de la infraestructura y en la adaptación de sistemas telemáticos".
Otro conclusión importante del análisis realizado por PwC, señala que si el anteproyecto sigue adelante corre serio peligro 50 mil puestos de trabajos directo generados por la actividad de la Procura. El informe también asegura que uno de los aspectos principales en lo que se manifestará el deterioro de la calidad el servicio si el anteproyecto del Gobierno sigue adelante, es que se "alargarán los plazos del procedimiento", lo que sin duda agravará aún más el ya de por si lento y deficiente funcionamiento de la justicia española.
Para PwC, "otro de los efectos de la supresión de la incompatibilidad entre abogados y procuradores sería la necesidad de incurrir en los costes que implica la creación y la operación de un nuevo servicio de recepción de notificaciones , que sería gestionado por los propios abogados. Esto supondría duplicar la infraestructuras creadas a tales efectos por los procuradores, compuesta por 450 oficinas de traslado de copias y salones de notificaciones ubicados en sedes judiciales de toda España".
Actualmente, los servicios de notificaciones están gestionados por los 67 Colegios de Procuradores, que abarcan, con sus correspondientes delegaciones, todo el territorio de nuestro país, a coste cero para la Justicia y los ciudadanos, ya que dichos servicios son sufragados por los procuradores...", se pregunta PwC; pues que otras profesiones, y muy especialmente la abogacía, tendrían que hacerse cargo, también, de estos servicios, así como las propias Administraciones Públicas, sean de ámbito estatal (Ministerio de Justicia) o autonómico (consejerías de Justicia). Ello traería consigo un incremento de los costes para la ciudadanía y más dilaciones para los justiciables.
Por último, Price hace especial hincapié en que "la supresión de la incompatibilidad entre abogados y procuradores también implicaría proporcionar el acceso de todos los abogados a la plataforma telemática de intercambio de información del Ministerio de Justicia, Lexnet. Esto implicaría casi cuadruplicar el número de usuarios que la plataforma tiene actualmente, pasando de 45 mil usuarios a más de 170.000. Para poder afrontar el incremento de los usuarios, habría que realizar inversiones que serían financiadas por la Administración Pública (léase los contribuyentes)". PwC también alerta, que "un incremento tan grande en el número de usuarios de Lexnet puede ser difícil de conseguir en el corto plazo, teniendo en cuenta cómo ha sido la experiencia del desarrollo". El CGPE viene denunciando al respecto, que hasta que los nuevos servicios de notificaciones, ya no gestionados por los procuradores, estuvieran operativos y a pleno rendimiento, pasarían años en los que la Justicia se vería notablemente deteriorada y acumularía retrasos sobre retraso.
