El órgano de gobierno de los jueces alcanzó este miércoles un acuerdo para adscribir temporalmente a este juzgado a Fernández Romo y Martínez Álvarez con el fin de que "puedan dictar las sentencias pendientes" de dictar tras la suspensión de Arce. A tal fin, el Servicio de Inspección del Consejo supervisará el desarrollo de sus funciones.
Además, ordena a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional informar con una periodicidad mensual a la Comisión Permanente del CGPJ sobre la efectividad de esta medida y la evolución del juzgado. Precisa que la sustitución tendrá una duración inicial de seis meses, periodo que comenzará a correr desde la incorporación el próximo 1 de enero de las juezas al juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
En caso de que las circunstancias del servicio y la carga de trabajo lo aconsejen, el CGPJ ha previsto la posibilidad de nombrar a un juez adjunto, como dispone el artículo 308 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este acuerdo se transmitirá al Ministerio de Justicia --departamento al que también se deberá informar sobre el cese de las juezas sustitutas-- para que lleve a cabo las actuaciones pertinentes a efectos económicos. Asimismo, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha tenido "pleno conocimiento" de esta medida, cuya "efectividad está supeditada a la autorización económica por el Ministerio de Justicia".
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado septiembre la suspensión cautelar de Arce, quien tenía abierto un expediente de jubilación por incapacidad.
TRATO DESCONSIDERADO
Se da la circunstancia de que en diciembre de 2008 el Tribunal Supremo anuló una sanción de 10.000 euros que le fue impuesta a Arce por trato desconsiderado hacia los funcionarios a su cargo y por sus continuos retrasos en su hora de llegada a las dependencias judiciales, que nunca era anterior a las dos de la tarde.
El alto tribunal estimó el recurso que interpuso Arce contra la sanción al cerciorarse de que habían transcurrido más de seis meses desde que la Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces abrió en su contra expediente disciplinario --el 8 de marzo de 2004-- hasta el momento en que se acordó la cantidad que debía abonar el magistrado, que se notificó a Arce el 15 de octubre de 2004. El expediente, por lo tanto, había caducado según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El CGPJ tuvo en cuenta a la hora de imponer la sanción el hecho de que 23 funcionarios del Juzgado cesaron de su trabajo entre el 20 de junio de 1999 y el 20 de enero de 2004. Otros tres se dieron de baja por trastornos depresivos, ansiedad o estrés.
La apertura del expediente vino provocada por las denuncias del personal, incluida la secretaria titular del Juzgado, que certificó que la hora habitual de llegada del juez a las dependencias solía ser posterior a las 14.00 horas.
"MIEDO" ENTRE LOS FUNCIONARIOS
El CGPJ consideró acreditado, además, que el magistrado provocaba "mal ambiente" y "miedo" entre los funcionarios. El órgano de Gobierno de los jueces destacaba que Arce "gritaba al personal", daba "violentos puñetazos en la mesa", profería insultos como "feo", "gordo" o "calvo", amenazaba continuamente con la apertura de expedientes y obligaba al personal a llamarle "Señoría Ilustrísima".
El informe del Consejo reflejaba algunas de las situaciones que tuvieron lugar en el Juzgado. Entre otras incluía la experiencia vivida por una de las funcionarias que, tras un enfrentamiento con Arce "abandonó sollozando el despacho, se fue directamente a la calle y no volvió más". El juez tuvo también sonados enfrentamientos con representantes de la Abogacía del Estado o procuradores.
