Así lo han señalado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que actúa de forma similar a como lo hizo el pasado mes de febrero la fiscal general del Estado, Dolroes Delgado, al remitir una carta a todos los fiscales que integran la Carrera para proponer "el análisis conjunto" del nuevo texto.
Ambos movimientos son anteriores a los informes preceptivos, aunque no vinculantes, que tanto el Consejo Fiscal como el CGPJ deben realizar al texto de la Ley, que supone darle una vuelta completa al proceso penal en España para acercarlo al que realizan casi todos los países de nuestro entorno.
La gran novedad que plantea el borrador de la LECrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor. Los fiscales serán ahora quienes dirijan la investigación con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
Las asociaciones de jueces y fiscales no consideran problemático el cambio de modelo, ya que la instrucción fiscal está extendida en los países democráticos, pero creen que debe llevar aparejada una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dotar de mayor autonomía a los nuevos instructores y reclaman más recursos materiales y humanos para abordar una transformación de tal envergadura.
