En un detallado informe, ya remitido al Ministerio de Justicia, el CNLAJ concluye que, jurídicamente, “no es posible establecer ad hoc un sistema de acceso al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia mediante Ley ordinaria que establezca un concurso de méritos sin oposición” (artículo 442 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre materias de ley orgánica por el artículo 122 de la Constitución, y de los artículos 29 a 32 del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales), y un concurso-oposición con una relevancia para los méritos tan determinante como la que se recoge en el borrador, que excede, con creces, “el límite de lo tolerable” en
palabras del propio Tribunal Constitucional.
Además, el CNLAJ ha recordado que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente. Esta opción está excluida categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El Colegio de Letrados de Justicia se suma al resto de cuerpos superiores de funcionarios que han avisado de la "drástica merma" en la cualificación que supondría la reforma de la promoción interna tal y como está planteada. Para el CNLAJ no es una solución conforme a Derecho articular mecanismos de estabilización que, con plazos más breves, valoraciones desproporcionadas de los méritos y reducción injustificada de los exámenes para el acceso del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia no respeta los principios básicos constitucionales para el acceso a la función pública.
Finalmente desde la asociación mayoritaria de Letrados de la Administración de Justicia se ha insistido en que lleva años planteando soluciones al ministerio de Justicia que pasan por el aumento de convocatorias ordinarias de oposiciones con un número suficiente de plazas que acaben con el déficit de más de 600 plazas de Letrado de Justicia que no están cubiertas por titulares. Un déficit que es responsabilidad directa y única del Ministerio de Justicia.
