La Junta conoció los datos de la actividad de la entidad durante el pasado ejercicio, entre los que destaca el mantenimiento de los servicios de orientación jurídica general, -que atendió casi 6.000 consultas-, penitenciaria, de violencia de género, menores, extranjería y mediación.
El Colegio gestionó, además, 7.519 solicitudes de Justicia Gratuita, de las cuales, una amplia mayoría, 4.921, correspondieron a asuntos de naturaleza penal, y se realizaron 5.584 asistencias a detenidos en las circunscripciones de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco.
Se constata, con respecto a 2010, un nuevo incremento en las solicitudes de Justicia Gratuita, que vienen creciendo invariablemente desde el año 2007, ejercicio en el que fueron 5.377, un 39% menos.
La Comisión de Honorarios resolvió 151 informes sobre un total de 176 solicitados, siendo reseñable el aumento de las impugnaciones de honorarios respecto a los tres últimos años, en los cuales la tendencia había sido a la baja.
Por su parte, la Comisión de Deontología abrió 81 informaciones previas de las cuales 14 quedaron pendientes de resolver y 47 fueron archivadas.
Se incoaron 20 expedientes disciplinarios, de los cuales 5 quedaron pendientes de resolver, 6 se sancionaron con suspensión del ejercicio profesional, otras 6 con apercibimiento por escrito, 1 con la expulsión y 2 quedaron en suspenso por mediar denuncia penal.
Durante el año 2011 se han incorporado un total de 101 nuevos colegiados, mientras causaron baja otros 21, de modo que el censo actual de abogados dados de alta en la institución es de 1.626, de los cuales ejercen y residen en Valladolid 1.242.
Colegiado de Honor
Por otro lado, la Junta General, a propuesta del decano de la institución, Jesús Verdugo, aprobó el nombramiento del ex-magistrado Pablo Cachón Villar como "Colegiado de Honor", una consideración que no otorgaba el Colegio desde 1997.
La propuesta tiene en cuenta la impecable, extensa y brillante trayectoria profesional de este jurista coruñés, afincado en Valladolid desde hace 30 años, en la que destaca su paso por los tribunales Supremo y Constitucional.
Pablo Cachón ingresó en la carrera judicial en mayo de 1967, y desde entonces, recaló en distintos juzgados de Mataró, Plasencia, Pamplona y Zamora, hasta su llegada a Valladolid en junio de 1982.
Se incorporó a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en septiembre de 1989 y en 1998 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional cubriendo la vacante por fallecimiento de Enrique Ruiz Vadillo.
Regresó al Supremo en junio de 2004 para culminar en ese mismo Tribunal, en diciembre de 2005, una carrera jalonada de publicaciones, condecoraciones y actividad docente.
Su relación con el Colegio de Abogados de Valladolid ha sido constante y estrecha, participando en múltiples actos y jornadas de formación organizadas por la entidad con la que nunca ha cesado su vinculación.
Hasta la fecha, el Colegio sólo había reconocido esta distinción a otras cuatro personas: el que fuera ministro de Justicia durante la Dictadura, Antonio Iturmendi, en 1960; el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Federico Sainz de Robles, en 1984; el presidente de la Audiencia Territorial de Valladolid, Policarpo Cuevas, en 1986; y por último, en 1997, un empleado del propio Colegio, Rufino Olea.