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El Colegio de Abogados de Vizcaya cierra el Servicio de Orientación Jurídica

Noticia

El Colegio de Abogados de Vizcaya cierra durante tres días (del 19 al 21 de diciembre) la atención al público del Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J.) en protesta por la aprobación por el anterior Gobierno Vasco del decreto de Justicia Gratuita.

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Tras una asamblea celebrada el pasado mes de noviembre en la que participaron cerca de 400 abogados, se tomó la decisión de que a partir de mañana, 19 de diciembre, y hasta el viernes 21, el Colegio de Abogados de Vizcaya cierra la atención al público del Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J.). El objetivo de este cierre es protestar por el nuevo decreto de Justicia Gratuita, aprobado recientemente por el Gobierno anterior.

Una de las denuncias de los abogados es que el nuevo decreto les obliga a realizar labores administrativas en relación a la justicia gratuita que no les corresponden y que perjudica gravemente a sus defendidos, dado que deben atender a dichos trámites en vez de ocuparse de una correcta atención jurídica en un momento tan delicado y relevante para sus defendidos como es el de la asistencia la detenido.

Por otro lado, el decreto impide que en muchas ocasiones el Letrado cobre por su trabajo a pesar de haber realizado su labor en defensa de su defendido con total diligencia, por el simple hecho de que su cliente no haya colaborado en la tramitación de la justicia gratuita.

Con la entrada en vigor del decreto se han incrementado los trámites administrativos de tal manera que los Servicios de Orientación Jurídica están colapsados a diario por un mayor número de solicitudes y un aumento de la burocracia a la que se ven obligados, lo que está provocando grandes colas de solicitantes que desean realizar su solicitud en las oficinas del Palacio de Justicia de Barroeta Aldamar.

El Servicio de Orientación Jurídica, situado en el Palacio de Justicia, tiene como objetivo atender e informar a los ciudadanos sobre la obtención de la Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar que todas las personas puedan defender sus intereses en un procedimiento judicial aunque no tengan medios económicos para costearlo. Este servicio está gestionado por los Colegios de Abogados.