El Colegio de Abogados de Vizcaya, a través de su comisión de extranjería, ha colaborado con CEAR-Euskadi en la organización de las jornadas "La Europa Fortaleza: políticas, consecuencias y mecanismos de protección" en las que se han abordado, entre otros temas, la trata de personas y la precaria situación de los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE). Las jornadas han tenido lugar los días 25 y 26 de junio dentro de las actividades que CEAR-Euskadi organiza con motivo del día mundial de las personas refugiadas.
Según denuncian desde CEAR-Euskadi, en el mundo hay 43,7 millones de personas en situación de desplazamiento forzado pero, a causa de las políticas de seguridad y de lucha contra la inmigración irregular, España y Europa han externalizado sus fronteras impidiendo el acceso de las personas refugiadas a los mecanismos de protección internacional. "Ahora es más difícil acceder a España para solicitar asilo, los viajes que tienen que realizar las personas refugiadas para escapar de sus países son más largos y peligrosos y la huida se ha convertido en una nueva forma de violencia", analiza Leire Lasa, miembro de CEAR-Euskadi.
Leire Lasa incidió además en la necesidad de "dar a conocer, entre los abogados y abogadas, el derecho de asilo como instrumento de protección internacional para personas víctimas de trata". En la jornada del día 25 de junio, Eduardo Romero, de Cambalache, ofreció una ponencia en la que realizó una contextualización general sobre la política migratoria española desde el auge económico a la crisis. Además, desde CEAR-Euskadi se habló sobre la externalización de las fronteras y de cómo afecta a los derechos humanos de las personas refugiadas y al acceso al derecho de asilo.
La jornada del martes 26 estuvo dirigida especialmente a las estrategias legales y obligaciones del Estado en la identificación de víctimas de trata y a los procesos de lucha por el cierre de los CIE en el Estado español.
La trata de personas no es sólo un problema de mujeres
Desde Women's Link Worldwide acusan el atraso que está provocando el Estado a la hora de aplicar la ley de asilo, "España nunca ha aplicado la ley de asilo a ninguna víctima de trata, aunque sí lo ha hecho por otros motivos como víctimas de genero o de mutilación genital, cuando en el resto de Europa la trata sí supone un factor concluyente para ofrecer asilo", afirma Paloma Soria, abogada y miembro de la organización.
Como ya se ha venido denunciando desde la organización desde hace años, "la trata de personas es un problema invisibilizado", aunque hoy en día sí se empieza a entender cada vez más la explotación sexual de mujeres y niñas como trata de personas. La abogada Soria recordó que "existen muchos más tipos de trata de los que apenas se sabe nada, como es el laboral, por ejemplo, que afecta también a hombres, y en Andalucía por ejemplo, existen muchas personas que trabajan en condiciones más que precarias, víctimas de mafias".
El miedo al "efecto llamada"
Otro de los problemas en la trata de personas es la situación que existe en los CIE, ya que imposibilitan identificar a las personas que permanecen en esta situación. En Europa, el plazo de reflexión para determinar si una persona es merecedora de protección de asilo es de 6 meses, cuando en España es de tan sólo 30 días. En este plazo, tal y como manifiesta Paloma Soria, "es imposible trabajar con estas personas, ya que no da tiempo a gestionar su situación y evitar que las extraditen", apunta. Desde Womens Link Worldwide se denuncia que no se aplica "el principio de no devolución", que significa que no se puede trasladar a una persona de nuevo a su país si allí va a correr riesgos, "hace poco entrevistamos a 45 mujeres que se encontraban internas en CIE, 21 de ellas eran víctimas de trata y temían volver a su país, asegurando que allí serían violadas y esclavizadas", declaró la abogada.
En 2009 Europa condenó al Estado español por no aplicar la ley de asilo. Desde entonces se han empezado a dar algunos pasos, pero no están siendo efectivos", tal y como apunta Soria, "en España existe el miedo al efecto llamada, esto significa que se teme que si se concede asilo a una persona acudirá más gente a pedir ayuda, y eso no es real", afirma la abogada.
En palabras de Paloma, "todas las autoridades deberían velar para que sea efectiva, incluido los jueces, ya que están negando derechos humanos a personas que al ser extraditadas correrán peligro en su país de origen".
