El Gobierno y los interlocutores sociales alcanzaron el lunes un acuerdo para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.
"Desde CEOE y Cepyme queremos señalar que se trata de un acuerdo en el que una parte ya ha sido consensuada previamente por los grupos parlamentarios en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo; entre otros, la revalorización de las pensiones conforme al IPC real", ha destacado la patronal en un comunicado
Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.
El texto se va a aprobar como anteproyecto de Ley el próximo martes en Consejo de Ministros y previsiblemente se firmará antes de que termine la semana en un evento en el que participarán los agentes sociales (UGT, CCOO, CEOE y Cepyme) y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
CEOE y Cepyme han subrayado que, del lado de las empresas, ha primado en todo momento "la responsabilidad ante el mandato de Europa de afrontar esta reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema, como viene señalando en los últimos años".
En este sentido, la patronal ha destacado la permanencia en el acuerdo del factor de sostenibilidad como parte fundamental del equilibrio del sistema en el medio y el largo plazo, y su sustitución, en su caso, por otro factor que mantenga los mismos efectos en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, y para reforzar la confianza país, como señalan las principales agencias de 'rating' del mundo sobre esta reforma.
En este plano, los organismos han remarcado "el compromiso de las organizaciones empresariales con el sistema de pensiones, por ser un elemento de cohesión social indispensable, cuya preservación depende de la confianza y la solidaridad intergeneracional".
Por otro lado, las instituciones han indicado que si los principios que han guiado el acuerdo son la sostenibilidad financiera y social del sistema y la equidad, la separación de fuentes "contribuye a lograr estos objetivos y a que las cotizaciones sociales, que pagamos empresas y personas trabajadoras, se destinen a su verdadera finalidad, las prestaciones contributivas".
El acuerdo garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
"La sostenibilidad del Sistema de pensiones depende del número de cotizantes y de la fortaleza del mercado laboral. Para ello es imprescindible un entorno normativo flexible que garantice la creación y el mantenimiento del empleo y la adaptabilidad de las empresas y de los trabajadores, a través de la formación y la recualificación permanente", ha apostillado el texto.
En el texto se recoge que los interlocutores sociales tendrán hasta el 15 de noviembre de este año para negociar la sustitución del factor de sostenibilidad actual por un factor de equidad intergeneracional, que entrará en vigor en 2027 y que se incluirá en la Ley posteriormente a través de una enmienda.
Con el acuerdo se dan cumplimiento a varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Como novedad, se establece también que en el caso de la jubilación anticipada voluntaria los coeficientes pasarán a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el desplazamiento voluntario de la edad de acceso a la jubilación.
Prolongación de la vida activa
Las instituciones empresariales han remarcado en un contexto de presión demográfica, la sostenibilidad del sistema exige la prolongación de la vida activa, como se viene realizando en los países de nuestro entorno.
En este sentido, CEOE y Cepyme valoran que la reforma despliegue incentivos para retrasar la decisión de jubilarse anticipadamente, salvaguardando los procesos de reestructuración y adecuación empresarial a las nuevas realidades económicas.
Asimismo, el acuerdo "incentiva y estimula el mantenimiento y la contratación de los trabajadores senior", mediante la articulación de una política activa de apoyo al coste laboral asociado a los procesos de IT de los mayores de 62 años.
Los organismos han subrayado que el acuerdo deja claro el compromiso de las empresas con un mercado laboral "inclusivo, sostenible y diverso" a través de mecanismos que impulsan la participación de las mujeres en sectores de actividad tradicionalmente masculinos, como es la cláusula de jubilación forzosa; y con la incorporación de los jóvenes en el sistema de la Seguridad Social desde su primer contacto con la empresa, a través de las prácticas formativas y académicas.
Incentivos a la jubilación demorada
Asimismo, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes a partir del cumplimiento de la edad de jubilación que corresponda a un trabajador y, por cada año de retraso, se podrá bien obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada en función de la cuantía de la pensión o una combinación de ambas.
En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a esta se exigirá al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses.
También se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de los trabajadores que hayan cumplido 62 años.
Nuevos derechos y ampliación de existentes
La reforma iguala además los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar, al tiempo que refuerza el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación.
Asimismo, se incluye una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.
