El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con 309 votos a favor y una abstención, el decreto-ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El texto será tramitado en la Cámara Baja como proyecto de ley, lo que permitirá la propuesta de enmiendas.
Durante el debate, el PNV, UPyD, CiU y PSOE han mostrado su apoyo a la regulación de la mediación como un sistema alternativo a la vía jurisdiccional en la resolución de conflictos aunque han discrepado de que existan razones de urgencia para ser tramitada como Decreto-Ley.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificado la vía excepcional por la directiva europea que impone a España que incorpore la mediación en su ordenamiento jurídico. El Estado español corría el riesgo de ser sancionado económicamente por el retraso en su transposición.
El titular de Justicia ha calificado la vía de la mediación como "un auténtico cambio cultural", construido en torno a la intervención de un profesional "imparcial" que facilita la resolución de los controversias por las propias partes y donde se configura el acceso a los tribunales como "último remedio".
A su juicio, la norma contribuirá a dotar de mayor competitividad la economía española al tiempo que reducirá las altas tasas de litigiosidad en los juzgados y tribunales. Aunque el presente texto se circunscribe a la legislación mercantil, procesal y civil, el ministro ha reconocido que se podría extender en un futuro al ámbito penal y al Contencioso-Administrativo.
Un proceso fácil, barato y breve
Según ha dicho, se trata de un procedimiento de fácil tramitación, poco costoso y de corta duración en el que rige la "voluntariedad" de las partes, así como la neutralidad, la confidencialidad y la cualificación del mediador, ya sea una persona física o jurídica.
Las instituciones y los profesionales dispondrán de una "formación específica" cuyo contenido y alcance se especificará a través de un reglamento. Con todo, el ministro ha mostrado sus "dudas" de que el mediador deba alcanzar un título universitario.
El Real Decreto-Ley establece que se requerirá la elevación del acuerdo a escritura pública como condición necesaria para su consideración como título ejecutivo. A estos efectos, se equipara con los "laudos de arbitraje", según ha añadido Ruiz-Gallardón.
El ministro ha recordado que varias comunidades ya han impulsado esta vía en la resolución de los conflictos y que los acuerdos se cumplen "voluntariamente" en el 98 por ciento de los casos.
"Una sociedad liberal y avanzada no es en la que desaparecen los conflictos ni en la que se relajan las normas, sino en la que los ciudadanos interiorizan su propia autonomía y capacidad para la resolución de conflictos", ha indicado. Ha puesto así de relieve su "confianza" en la "madurez" de los ciudadanos para resolver por sí mismos sus desacuerdos.
Reforma de la Ley de acceso a la Abogacía
Este decreto reforma la Ley 34/2006 de Acceso a la Abogacía y Procurador de los Tribunales. El ministro ha precisado que los alumnos matriculados en la Licenciatura de Derecho, antes de que la norma fuera aprobada, estarán exentos de cursar un posgrado, un periodo de prácticas y un examen final.
Los licenciados después de esa fecha deberán superar sólo la parte práctica y la evaluación, lo que les exime del máster teórico, "la parte más costosa y temporalmente más exigente", según ha puesto de relieve Ruiz-Gallardón.
Los grupos critican los "decretazos"
Desde el principal grupo de la oposición, el diputado socialista Mario Bedera se ha mostrado favorable a convalidar una norma y ha recordado que el Gobierno socialista ya presentó un texto inicial con rango de proyecto de ley aunque finalmente el adelanto electoral impidió sacarlo adelante.
Tanto el PSOE como el resto de grupos han anunciado su intención de formular enmiendas al proyecto y han reprobado la "excesiva utilización del Decreto-Ley" por parte del Gobierno de los "populares". En este sentido, Bedera ha advertido del "peligroso" precedente de "convertir lo extraordinario en ordinario".
El portavoz del PNV en la Comisión de Justicia, Emilio Olabarría, ha basado el apoyo de su grupo en los "buenos fundamentos" y lo "bien concebido" que está el texto.
Desde UPyD, Toni Cantó ha avanzado el respaldo de su grupo aunque ha emplazado al ministro a responder al "conflicto de normas" que se generará en comunidades como Cantabria y Cataluña donde esta materia ya está regulada con carácter general. Tras ello, ha cargado contra la "costumbre" de gobernar "a base de decretazos".
Desde CiU, la diputada Montse Surroca ha cuestionado también la "urgente necesidad" de regular mediante un decreto esta cuestión, al tiempo que ha anunciado su intención de presentar enmiendas para la mejora del texto.
La parlamentaria del PP Dolors Montserrat ha subrayado que la mediación es la "esencia del cambio" como pondrá de relieve que mediante "un apretón de manos" puedan consensuar un acuerdo quienes hasta entonces eran "enemigos".
