El texto, defendido en el Pleno de la Cámara Baja por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recoge un crédito extraordinario por importe de 5.012 millones de euros destinado a equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social derivado de la crisis sanitaria del COVID-19.
Esta norma también permite que tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como el Instituto Social de la Marina y el Servicio Público de Empleo (SEPE) puedan ampliar créditos para abonar las prestaciones de la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo y las bonificaciones a la contratación, respectivamente.
Además, mediante este real decreto-ley se establece que las ayudas públicas por la destrucción de elementos patrimoniales causada por desastres naturales, como la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, no tributen ni al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni al Impuesto sobre Sociedades.
