En esta línea, el texto del PP, apoyado por UPyD y rechazado por PSOE, IU-ICV-CHA y PNV, persigue mejorar la evaluación del impacto de los fondos públicos empleados, definir criterios homogéneos en el otorgamiento de subvenciones y que la aplicación de las mismas se ajuste a las directrices de la política presupuestaria. En su iniciativa, el PP explica que el procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones se realiza según un régimen de concurrencia competitiva que garantiza "comparación, valoración y prelación entre las diversas solicitudes", siempre de acuerdo con los criterios de valoración previamente establecidos y respetando el límite fijado en el crédito presupuestario.
La excepción suplanta a la regla
Sin embargo, a ese principio general de concurrencia en el procedimiento de concesión se excepcionan las subvenciones nominativas. Entre éstas, la ley recoge las previstas nominativamente en los Presupuestos estatales, autonómicos o municipales, las que vengan impuestas a la Administración por una norma de rango legal o aquellas que se acrediten por razones de interés público, social o económico.
"Se supone que las subvenciones nominativas son la excepción a la regla pero resulta que muy a menudo sucede que la excepción suplanta a la regla", denunció Alonso la semana pasada al presentar esta iniciativa. También apuntó que la intención del PP es "cerrar de verdad el camino" a las subvenciones nominativas y reforzar los criterios de transparencia en la concesión de todas las ayudas.
En la exposición de motivos, el grupo que capitanea Alfonso Alonso justifica la presentación de esta propuesta en el marco de la actual coyuntura económica, marcada por un "elevado" desempleo y unas cuentas públicas "no saneadas".
Austeridad y rigor
En este contexto, defiende el PP, se requiere la adopción de medidas de consolidación fiscal que permitan reactivar la creación de empleo y la economía productiva, lo que exige un proceso de "austeridad y rigor", así como un "profundo" análisis para evitar que el dinero público, "que es de todos", sea maximizado en orden a garantizar un uso "responsable".
"La moderna Europa del siglo XXI, que busca regirse por los principios de la gobernanza y la transparencia, intrínsecamente relacionados con el buen gobierno, exige que los responsables políticos y los gestores públicos hagan un uso responsable para evitar que puedan asumir compromisos de gasto sin respaldo presupuestario", aducen los 'populares'.
