El departamento que dirige Dolores Delgado ha remitido a la Fiscalía General del Estado este proyecto del cambio normativo, que se aprobará como real decreto. Por ello, el Pleno del órgano asesor del Ministerio Público, reunido este miércoles, ha considerado oportuno crear una comisión para que analice el contenido de dicho texto "durante las próximas reuniones de este curso", según ha informado la propia Fiscalía en un comunicado.
La Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria de la carrera-- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han manifestado en los últimos días sus quejas porque el Ministerio haya desarrollado el texto de la reforma con premura y sin tener en cuenta la opinión de los representantes de los fiscales, cuando se trata una de las reivindicaciones históricas de la carrera fiscal.
Norma "preconstitucional" y "preestatutaria"
Según se expone en el preámbulo de la reforma, la urgencia para revisar la regulación actual se justifica en que está vigente desde la dictadura franquista y por tanto es una "norma preconstitucional". También porque se considera una "norma preestatutaria", ya que el "diseño constitucional y democrático" de la Fiscalía se establece con la publicación de su Estatuto Orgánico, que se aprueba en 1981.
Uno de los cambios más criticados por las asociaciones de fiscales es lo establecido en el artículo 62 del citado reglamento, que regula las situaciones en caso de que expire los mandatos de los fiscales. La reforma pretende que cuando cese el fiscal general del Estado, siempre que éste sea miembro de la carrera fiscal, adquiera de forma automática la categoría máxima de la carrera, pues "quedará adscrito, a su elección, a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera de las fiscalías cuyo jefe pertenezca a la categoría primera".
De aprobarse esta norma, cuando la fiscal general del Estado, María José Segarra, deje el cargo percibiría un ascenso de categoría, ya que antes ejercía como fiscal jefe de Sevilla.
