Civil

El contrato de préstamo sin interés y su diferencia con las donaciones

Tribuna 15-01-2014

I. Introducción

Sometemos a examen el tratamiento de la figura del contrato de préstamo en su modalidad de no fijación de intereses por la concesión de un préstamo y la significación de su diferencia conceptual con la donación, entendida esta como la mera liberalidad en la cesión o concesión de un bien o derecho. Y ello, ante la aparente inexistencia de diferencias entre ambas figuras contractuales, pero que en su esencia sí que la tienen, sobre todo en el posible reflejo fiscal que diferencia a una y otra operación contractual si de donación se trata cuando lo que en realidad y formalmente se firmó fue un contrato de préstamo.

Pero la primera premisa de la que habrá que partir, y además de forma obligatoria, es la conceptuación del contrato de préstamo en el Código de Comercio actual -EDL 1885/1-, que es donde debe ubicarse el tratamiento de lo que se entiende por esta modalidad contractual. Porque a estos efectos, el art. 314 CCom. Los préstamos no devengarán interés si no se hubiere pactado por escrito. Y bajo esta inicial referencia que se contiene en el texto marco que regula los contratos de préstamo resulta que toda la cuestión gira bajo la concesión del legislador de 1829 a las partes de un contrato de la más amplia libertad para que puedan, en uso de la autonomía de la voluntad de las partes que patrocina el art. 1255 CC -EDL 1889/1- puedan tener esa libertad de fijar en un contrato de préstamo que la cantidad prestada por una persona a otra no devengará ningún tipo de intereses, o, todavía mejor dicho, que si nada consta en el contrato relativo a la fijación de intereses, y en qué porcentaje o plazo de devolución, existirá la presunción de que el contrato se pactó sin la obligación del prestatario de devolver el principal con intereses al prestamista, ya que la propia mención del Código de Comercio ya establece que la presunción lo es, precisamente, de que el contrato por el que una persona le presta una cantidad a otra se hace sin la fijación de ningún tipo de interés mientras no consta expresamente lo contrario. Además, comprobamos en el art. 1740 CC el objeto del préstamo, esto es, la entrega de dinero con condición de devolver otro tanto, aún cuando no se determine plazo cierto, ni se hayan pactado intereses. Con ello, no se fija el pago de intereses como elemento principal del contrato, con lo que ya de salida está admitiendo esta opción de que el préstamo se contrate sin intereses. De suyo, se han dado casos en contratos de préstamo bancario en los que ha habido una omisión por el encargado de rellenar los datos del contrato al dejar en blanco el tipo de interés que se pensaba incluir en el citado contrato, lo que ha dado lugar a que se estime por los tribunales que la voluntad del prestamista fue la de no pactar el pago de intereses, algo que, por otro lado, sí que está permitido en la legislación tanto mercantil como civil. De suyo, la presunción es, precisamente, la de que el pago de intereses no estaba previsto si no se pacta de forma expresa en el contrato. Además, según la doctrina este contrato posee dos características fundamentales, esto es, la temporalidad y la normal gratuidad.

La cuestión en este tema giraría sobre cuando podemos entender que se pactó un préstamo y cuando una donación. Y ello, a la vista de las posibilidades en el primero de no incluir el pago de intereses, aunque es obvio que las diferencias son notables, ya que el no pago de intereses lo que no excluye es que la devolución del principal tenga que llevarse a cabo y en la donación es un acto de total liberalidad y gratuidad sin obligación por quien recibe la donación de tener que devolver nada al donante, mientras que en el contrato de préstamo sí que existe la obligación en el prestatario de devolver en los plazos pactados la cantidad recibida por principal aunque los intereses no se hayan fijado en el contrato. Ahora bien, en los casos en los que exista duda acerca de la naturaleza del contrato que se haya firmado entre las partes no hay que olvidar que la doctrina jurisprudencial establece que corresponde a los tribunales de instancia la calificación jurídica de los contratos (Sentencias de 11 y 13 diciembre 2007 del TS, entre otras).

II. La obligación principal del prestatario es la de devolver al prestamista el principal si los intereses no se han pactado

Hemos señalado que la naturaleza del contrato de préstamo no gira sobre la base de entender que el prestatario debe satisfacer al prestamista una suma por el principal a la que adicionar los intereses correspondientes y que si estos no se fijan se aplicarán los legales, ya que esto último solo ocurre en los arts. 1100 y 1108 CC -EDL 1889/1- y en las ejecuciones de condenas cuando se aplica a la suma reclamada por principal los intereses que se hayan devengado. Recordemos que la AP Ciudad Real, Sec. 2ª, Sentencia de 12 marzo 2013, rec. 305/2012 -EDJ 2013/62029- recuerda que ante la naturaleza mercantil del préstamo, es la obligación principal del prestatario la devolución del principal entregado en su día, pues la obligación de pagar intereses no se configura como esencial aunque constituya la finalidad económica del contrato.

La esencial naturaleza del préstamo curiosamente no es que el prestamista se presume que desea percibir intereses, sino que tal reclamación debe constar en el contrato, presumiéndose lo contrario, es decir, que los intereses no se han pactado. Una cosa es que el objetivo primordial del prestamista sea la de obtener un rédito de esa entrega del dinero que se configura por la existencia del interés, y otra bien distinta es que tal aspiración forme parte intrínseca del contrato, ya que debe constar de forma expresa, lo que ha dado lugar a que los tribunales rechacen el pago de intereses por el prestatario cuando el tipo de interés no constaba en el contrato de préstamo bancario, suponiéndose que, aunque se trataba de un error obviamente, -ya que el objetivo de los bancos es el de obtener el beneficio del cobro del interés- el interés no se pactó y el prestatario solo se obligaba a devolver el principal en los plazos pactados en el contrato.

III. Los contratos de crédito al consumo y la gratuidad

Hay una particularidad en ese tema con respecto a los préstamos concedidos por las entidades bancarias a tipo de interés "0". Así, la STS de fecha 1 febrero 2011 -EDJ 2011/6683- señala que las Audiencias Provinciales ofrecen dos criterios distintos sobre el concepto de gratuidad de los préstamos. Indica que para algunas Audiencias Provinciales si un préstamo es concedido por una entidad bancaria o una entidad financiera, y el tipo de interés fijado es de "0", el préstamo es gratuito (SSAP Valencia, Sec. 8ª, de 29 noviembre 2004 -EDJ 2004/232844- y 18 octubre 2004.) Otras Audiencias Provinciales consideran que pese a que se haya concedido un préstamo con un interés "0", esta circunstancia no es suficiente para calificar el préstamo como gratuito. Pero estas últimas ciñen esta orientación en cuanto al crédito al consumo, ya que en esta sentencia del TS se añade que "La concesión de un préstamo por parte de una de una entidad financiera de un crédito para el consumo con un interés de tipo 0, no supone la obtención de un préstamo gratuito. La LCC 7/1995 -EDL 1995/13452- incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva del Consejo 87/102/CEE, de 22 de diciembre -EDL 1986/12640-, cuya finalidad principal consistió en garantizar un cierto nivel de protección del consumidor ante las amplias diferencias de las legislaciones de los Estados miembros en materia de crédito al consumo. Siendo este el propósito, la interpretación de las exclusiones que se recogen en el artículo 2 LCC, (ahora art. 3 en la nueva Ley 16/2011 -EDL 2011/102814-) no puede alejarse del fin perseguido por la norma. El crédito al consumo debe examinarse desde una perspectiva unitaria, porque pese a que existan varios contratos, existe una conexión entre todos ellos por la interacción de fines entre las distintas relaciones jurídicas. En el caso que se analiza aparecen unos contratos de arrendamiento de servicios de enseñanza conectados con unos contratos de financiación, resultando imposible otorgar una tratamiento aislado y diferenciado a cada de las relaciones jurídicas que surgen de tales negocios. La consecuencia, tal y como ya se ha fijado por esta Sala (SSTS 25 de noviembre de 2009 RC n.º 1448/2005 -EDJ 2009/283153-, 19 de febrero de 2010, RC n.º 198/2005 -EDJ 2010/11510-) es que basta con que el prestamista convenga con el proveedor de los servicios una retribución a cargo de este, para que la gratuidad respecto del consumidor, pese a estar expresamente pactada en la financiación, deba considerarse excluida en el conjunto de la operación, dada la aptitud potencial del oneroso contrato conexo como instrumento para provocar una repercusión en la contraprestación pactada en el otro contrato."

[[QUOTE2:"La concesión de un préstamo por parte de una de una entidad financiera de un crédito para el consumo con un interés de tipo 0, no supone la obtención de un préstamo gratuito."]]

En la actualidad, derogada la Ley de crédito al consumo de 1995 -EDL 1995/13452- está en vigor la actual Ley de crédito al consumo 16/2011, de 24 junio que recoge en su art. 3 -EDL 2011/102814- que "Quedan excluidos de esta ley...

f) Los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos, y los contratos de crédito en virtud de los cuales el crédito deba ser reembolsado en el plazo máximo de tres meses y por los que sólo se deban pagar unos gastos mínimos. A estos efectos, los gastos mínimos no podrán exceder en su conjunto, excluidos los impuestos, del 1 por ciento del importe total del crédito, definido en la letra c) del artículo 6 -EDL 2011/102814-.

En los contratos vinculados a que se refiere el artículo 29 de esta Ley -EDL 2011/102814-, se presumirá, salvo pacto en contrario, que el prestamista y el proveedor de bienes o de servicios han pactado una retribución por la que éste abonará a aquél una cantidad por la celebración del contrato de préstamo. En tal caso, el contrato de crédito al consumo no se considerará gratuito."

IV. La donación y sus diferencias con el préstamo

El contrato de donación se define en el art. 618 CC -EDL 1889/1- como un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra que la acepta, y cuyos elementos sustanciales son: 1º) El empobrecimiento del donante; 2º) El enriquecimiento del donatario; 3º) El "animus donandi" o intención de hace runa liberalidad.

Y para determinar cuál fue la verdadera intención de las partes a la hora de celebrar este contrato no hay que olvidar que corresponde a quien alega que se trata de una donación probar esa prueba de la intención de donar y no llevar a cabo un préstamo con obligación del prestatario de devolver el principal recibido, aunque no tuviera que devolver intereses por no haberse pactado, ya que la no fijación de los intereses en el contrato de préstamo no convierte a este por esencia en una donación. Y ello con las consecuencias fiscales que ello podría llevar. Nótese que ello se está refiriendo a la posibilidad de poder reclamar a las partes de un contrato de préstamo que lo que firmaron en realidad era una donación para eludir el pago de intereses. Pero es a quien lo alega a quien corresponde la carga de la prueba de demostrar ese ánimo de realizar una donación en quien entrega el bien, y la falta de prueba del "animus donandi" impide mantener la tesis de la donación y sin cuya causa no puede darse este negocio jurídico -TS 1ª SS de 28 abril 1975, 2 enero -EDJ 1978/244- y 7 julio 1978 -EDJ 1978/336-, 31 mayo 1982 -EDJ 1982/3529-, 30 noviembre 1987 -EDJ 1987/8786- y 27 marzo 1992 -EDJ 1992/2979-, entre otras muchas-.

Así, se considera que la donación es un contrato gratuito y por ello debe de ser acreditado por quien pretende que se declare la donación tanto la causa de liberalidad como el animus donandi, por lo que si en cualquier caso la Administración reclama a un particular que simuló un préstamo cuando en realidad se trataba de una donación tendrá la carga de probar que esa liberalidad como tal existió y que no había intención de devolver nada a cambio de la entrega, de bienes o numerario, y que además existió ese ánimo de llevar a cabo una donación y no un préstamo aunque este fuera sin intereses, pero con la obligación de devolver, al menos, el principal en los plazos convenidos en el contrato.

Recuerda a estos efectos la AP Alicante, Sección 9ª, Sentencia de 11 mayo 2007, rec. 75/2007 -EDJ 2007/353856- que además del ámbito mercantil antes referido del art. 314 CCom. -EDL 1885/1- el contrato de préstamo o mutuo, (art. 1.740 y ss. CC -EDL 1889/1-), con o sin intereses, es un contrato real, unilateral en cuanto que sólo genera obligaciones para una de las partes, el mutuario o prestatario, cual es la devolución; teniendo dicho la Jurisprudencia, que si no se ha fijado plazo para la devolución del préstamo, y no existe acuerdo entre las partes para este punto, el deudor se haya obligado a dicha devolución cuando el acreedor lo reclame (STS de 15 octubre 2004). Por su parte la donación, y para diferenciarlo de aquél, "es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que lo acepta", (art. 618 CC), y constituye un contrato, aun cuando el Código Civil lo sitúe dentro de los modos de adquirir, por influencia del Código de Napoleón, pues de su normativa de desprende según pacífica, antigua y reiterada doctrina su naturaleza contractual. Cómo dice la STS de 31 julio 1999, no cabe la menor duda que ha de tener la consideración y tratamiento de un contrato. Es primera nota característica de la donación que la identifica frente a la liberalidad en general, el que produce un empobrecimiento del donante y, al tiempo, un enriquecimiento patrimonial del donatario, y que la causa de la donación es la transmisión sin contraprestación a cambio, es decir, gratuita, lo que se considera como "animus donandi".

Por ello, como antes expresábamos, a la hora de oponer a quien reclama que el acto contractual se trató de una donación y no de un préstamo, es esencial la prueba del presupuesto del animus donandi, o liberalidad, que no se presume, sino que ha de ser cumplidamente acreditado, como señala reiterada doctrina Jurisprudencial, (SSTS de 28-4-1975, 21-1 -EDJ 1978/244- y 7-7-1978 -EDJ 1978/336-, 31-5-1982 -EDJ 1982/3529-, 30-11-1988, 27-3-1992 -EDJ 1992/2979-, 12-11-1997 -EDJ 1997/8193- y 13-7-2000 -EDJ 2000/20644-). Ello porque, como señalamos, la polémica en muchos casos y al objeto de eludir el pago de impuestos estaría en si estamos en presencia de un préstamo de carácter verbal sin pacto de intereses y sin sujeción a término para la devolución del capital prestado o más bien estamos ante una donación efectuada por la mera liberalidad del donante.

[[QUOTE2:"el animus donandi no se presume, siendo preciso demostrar de forma cumplida la gratuidad del acto o negocio jurídico de que se trate, correspondiendo la carga de la prueba a quien lo afirma."]]

La AP León, Sec. 3ª, Sentencia de 10 febrero 2010, rec. 333/2008 -EDJ 2010/48389- reconoce que, como se sabe, tanto el contrato de préstamo como el de donación exigen que una de las partes entregue a la otra dinero u otra cosa, con la condición de devolverla en el caso del préstamo y gratuitamente en el de la donación pura. Hemos de señalar que la Jurisprudencia (STS 12.11.1997 (EDJ 1997/8193) -entre otras muchas), tiene reiteradamente declarado que el animus donandi no se presume, siendo preciso demostrar de forma cumplida la gratuidad del acto o negocio jurídico de que se trate, correspondiendo la carga de la prueba a quien lo afirma.

Y a los efectos que aquí estamos tratando en estas líneas a la hora de valorar cuando se trata de préstamo o donación el Tribunal Supremo ha manifestado en varias ocasiones que la falta de prueba de la intención de donar impide que se considere donación un negocio jurídico (STS de 30-11-87 -EDJ 1987/8786- y STS 27-3-92 -EDJ 1992/2979), toda vez que el principio general es no presumir el animus donandi en toda entrega de dinero, por lo que ha de acreditar cumplidamente, el que se dice donatario, que la entrega le fue verificada a título gratuito (STS de 20-10-92 -EDJ 1992/10216-, STS 12-11-97 -EDJ 1997/8193-), debiendo sufrir quien invoca dicha gratuidad las consecuencias perjudiciales de su falta de prueba. Es reiteradísima la Jurisprudencia que establece el principio de que un negocio jurídico tan sólo es gratuito, si consta la causa de liberalidad probándose el animus donandi (STS de 13 julio 2000 -EDJ 2000/20644-) de tal modo que la falta de tal animus donandi impide mantener la tesis de la donación (SSTS de 27 marzo 1992 -EDJ 1992/2979- con cita de las de 30 noviembre 1987, 28 abril 1975, 2 enero -EDJ 1978/244- y 7 julio 1978 -EDJ 1978/337- y 31 mayo 1982 -EDJ 1982/3529-).

Por su parte la Sala 3ª del Tribunal Supremo de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 7 octubre 2010, rec. 6056/2005 -EDJ 2010/226162- recuerda que ya la sentencia de 15 junio 1995 -EDJ 1995/2647- declara "... Existe la donación desde el momento en que aparece la transmisión de un bien gratuitamente, sin ánimo de lucro por parte del donante, y es correspondido por el ánimo de aceptarlo a título de liberalidad por el donatario, que es lo que constituye el imprescindible "animus donandi" exigido como necesario en esta clase de contratos. Cosa distinta es la motivación que haya podido inducir a donante y donatario a realizar el negocio jurídico, motivo que puede estar relacionado con la donación con cargas, llamada también donación modal, en la que se le impone al donatario la obligación de realizar algo o cumplir una contraprestación correlativa a la ventaja adquirida, y sin que por esto se pueda entender cambiada la naturaleza del negocio al que se añade esta carga..."; y en la de 23-10-1995 -EDJ 1995/5678-: "...no es posible excluir, en puridad técnica, de la donación tanto remuneratoria como la de con causa onerosa, al ánimo de liberalidad que como elemento común prima en el concepto genérico del art. 618 CC -EDL 1889/1- cuando define la donación como un acto de liberalidad, por el cual, una persona dispone gratuitamente de una cosa, en favor de otra que la acepta; y ello es así, porque el art. 619 viene también a configurar como donación las otras dos modalidades, la llamada remuneratoria y la de causa onerosa, pues en rigor, aunque una y otra no respondan como la donación pura, a esa transferencia de una persona a otra, cuya causa responde en exclusiva a un ánimo de favorecer con una ventaja a quien como beneficiado no le unen con el beneficiante otros lazos salvo los internos de la mera afectividad, o, por razones altruistas, no hay que olvidar que, asimismo, en la donación llamada remuneratoria, esa causa subsumible en la preexistencia de unos méritos del predonatario por servicios prestados al luego donante, en todo caso, también se gestan en una presuposición causal anidada en la propia intencionalidad del donante, sin transcendencia o relevancia jurídica al exterior, de tal forma que sea exigible la observancia de esa mera intencionalidad o sensación anímica con el nudo de su sujeción formal y por ello, el propio donante cuando la instituye como tal donación remuneratoria jurídicamente no está obligado a hacerlo, sino que, se reitera, puede que con tal "donatum" en el fondo está también impregnado de dicha finalidad de liberalidad o de favorecimiento; razón igualmente aplicable a las llamadas donaciones con causa onerosa, sobre todo, porque, según la propia referencia del segundo supuesto de ese art. 619, el gravamen que se impone es inferior al valor de lo donado, luego en la parte de exceso debe estar también presente ese ánimo de liberalidad en cierto modo desdibujado pero existente al fin...".

Quiere esto decir la Sala 3ª del TS que incluso podría llegar a tratarse de una auténtica donación en el caso de alguna contraprestación del que recibe el bien. Y para calcular cuando ese cumplimiento que se le exige al donatario permitiría mantener el contrato como donación y no hablar de préstamo recuerda la sentencia de 6 abril 1999 -EDJ 1999/5408-, que establece "que la verdadera y propia donación modal es aquella de la que se impone al beneficiario el cumplimiento de una obligación, como determinación accesoria de la voluntad del donante. Aunque esta obligación no muta la naturaleza del contrato de donación de bienes, transformándolo en contrato bilateral, sinalagmático y oneroso, puesto que el gravamen tiene que ser inferior al valor de lo donado, el cumplimiento de la prestación en qué consiste el gravamen exigible y desde luego el cumplimiento no queda al arbitrio del donatario".

Con todo, la AP Murcia, Sec. 5ª, Sentencia de 2 febrero 2010, rec. 437/2009 -EDJ 2010/42203- viene a recordar que la STS de 13 julio 2009 señala a la hora de quien tiene que probar que el acto se trató de una donación que: "... fue dicha parte quien alegó la existencia de la donación, y conculca el sistema del "onus probandi" pues el "animus donandi" -o atribución por causa de mera liberalidad- no se presume, y es evidente que el efecto jurídico favorable de la existencia del supuesto de hecho de la norma cuya aplicación se invoca se produciría para la actora-recurrente por lo que es a ella a quien la incumbe la carga de la prueba correspondiente...". Por tanto, en este proceso se hacía imprescindible que por la parte apelada se hubiera acreditado la concurrencia de las exigencias legales para poder apreciar una donación, siguiendo la doctrina emanada de la STS de 13 de noviembre de 1997 cuando señala que "..., en las puras y simples, para las cuales es rigurosa la doctrina jurisprudencial de que para su existencia han de concurrir los requisitos del artículo 633 del Código Civil -EDL 1889/1-. Semejantes requisitos, relacionándoles, a su vez, con los que se infieren del artículo 618, se refieren, substancialmente, a la causa de la liberalidad, al animus donandi y a la aceptación del donatario, pero tales circunstancias no han resultado acreditadas de modo alguno".

Por ello, debe acreditarse por quien alega la existencia de una donación, en este caso podría serlo la propia Administración que está reclamando la existencia de la misma en lugar de un préstamo por motivos de eludir el pago de impuestos, que esos requisitos exigentes de prueba concurren y que por ello lo que se firmó por las partes fue una donación y no un préstamo, lo que tiene su relevancia en orden a que son los tribunales los que pueden calificar lo que se firmó entre las partes pese a que el contenido y/o o forma simulara otro tipo de contrato. Pero para ello vemos que la donación no se presume sino que hay que probarla y que no todo contrato de préstamo en el que no se pacte un interés tiene que ser por esencia una donación, ya que se requiere por quien lo alega la prueba de los requisitos antes expuestos que exige la jurisprudencia.

Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 15 de enero de 2014.

El contrato de préstamo sin interés y su diferencia con las donaciones
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