En dicha evaluación, el GAFI afirma que España cuenta con un sistema ejemplar de acceso al titular real (la persona física que controla en último término la sociedad), basado en la información del Índice Único Notarial y la base de Datos de Titulares Reales del Consejo General del Notariado.
Así, en el resumen ejecutivo se cita textualmente: "Las medidas para posibilitar el acceso a la información del titular real, en particular el Índice Único Informatizado, son un ejemplo de buenas prácticas en el contexto del sistema legal español (...) El sistema de España para asegurar el acceso a información básica y de titularidad real sobre las personas jurídicas es en general efectivo. (...) La información del titular real en sociedades españolas resulta fácil y rápidamente accesible para las autoridades competentes a través del índice único informatizado de la función notarial. (...) Las medidas de España para manejar y posibilitar el acceso a la información sobre titulares reales son un ejemplo de buenas prácticas para otros países".
El sistema de localización citado es la Base de Datos de Titulares Reales que el Ministerio de Justicia (a través del Consejo General del Notariado) ha desarrollado, basado en la información agregada por todos los notarios en España, que deben necesariamente intervenir en cualquier transmisión de la propiedad de participaciones de sociedades de responsabilidad limitada , que constituyen más del 93% de las sociedades mercantiles españolas. La intervención del notario y el tratamiento informático de esta información permiten seguir la cadena de transmisiones de la propiedad de las participaciones desde su fundación.
Desde enero de 2004, toda la información obtenida por los notarios se incluye cada quince días en una Base de Datos –el Índice Único Informático- que está gestionado por el Consejo General del Notariado. A partir de estos datos, puede obtenerse la copia de los documentos de identidad y de los instrumentos públicos.
La información incluida en el Índice Único Informatizado está disponible para las autoridades competentes que desarrollan investigaciones (Policía, Guardia Civil), las Fiscalías Especiales (Anti-drogas, Anti-corrupción), el Departamento de Aduanas y el SEPBLAC tienen acceso on-line a través de un sistema de tarjeta encriptada que les permite obtener información en tiempo real. El resto de las autoridades (órganos judiciales y Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo) también pueden disponer de acceso a cualquier información específica.
Junto con estas bases de datos, el Órgano Centralizado de Prevención notarial (OCP) está desarrollando trabajos de creación de una base de datos nacional de Personas con Representación Pública, de la que podrán disponer las autoridades competentes.
Además de mantener la información, el Índice Único Informático facilita al OCP el cumplimiento de su obligación de detectar operaciones sospechosas, a través de la puntuación de factores de riesgo (scoring) grabados en operaciones individualizadas o grupos de operaciones, todo ello a partir de alrededor de unos 60 indicadores de riesgo que incluyen, por ejemplo, la creación de sociedades por personas jurídicas extranjeras.
