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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

El Gobierno destina más de 20 millones a la modernización de Justicia y el impulso a las pymes

Noticia

El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito del Ministerio de Política Territorial y Función Pública al Ministerio de Justicia, en el marco del 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', por importe de 20,7 millones de euros, con el objetivo de invertir en la modernización de las Administraciones Públicas e impulsar las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Modernizacion Justicia_fondos Justicia

El instrumento financiero 'Next Generation EU', aprobado por el Consejo Europeo el pasado 21 de julio de 2020, incluye un mecanismo que tiene la finalidad de apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente que permitan, al mismo tiempo, una serie de reformas, entre las que se encuentran la de Justicia, tanto a nivel nacional como en cogobernanza con las Comunidades Autónomas que tienen competencias transferidas.

Así, el Ministerio de Justicia necesita financiación adicional y avanzar en 2021 en el objetivo de modernización de las Administraciones Públicas y continuar acometiendo el 'Proyecto 0 Justicia 2030', que se financiará con la transferencia de crédito autorizada.

El proyecto recoge la modernización de las Administraciones Públicas, con inversiones asociadas a las infraestructuras de sistemas, redes y puesto de usuarios y el fomento de mecanismos de interoperabilidad y ciberseguridad en las mismas.

Aquí también se incluirán inversiones por valor de 20,2 millones para la modernización y adaptación tecnológica de los Tribunales de Instancia, las Oficinas Digitales Judiciales y las Oficinas Judiciales en los municipios y sedes, así como dotaciones en nuevas infraestructuras tecnológicas para las unidades de mediación y nuevas sedes que sirva de base para la transformación digital de la Administración de Justicia.

Por su parte, el plan establece un componente de impulso a la pyme, por un importe de 425.800 euros, con el objetivo de mejorar las relaciones a distancia con los ciudadanos para ofrecerles servicios con plenas garantías jurídicas, así como la modalidad no presencial de trabajo.