En concreto, según consta en el Plan remitido a Bruselas por el Gobierno, este programa de primeras experiencias laborales en las Administraciones Públicas contará con 160 millones de euros este año, 110 millones en 2022 y 60 millones en 2023.
El Gobierno señala que los jóvenes de entre 16 y 29 años están siendo una generación "azotada notablemente" por la crisis financiera y sanitaria, por lo que considera que este colectivo debe recibir una atención "preferente" por parte de los poderes públicos.
Por ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsará, en coordinación con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, este programa de primeras experiencias laborales en el sector público, del que se beneficiarán personas jóvenes en paro cuya etapa formativa se haya completado y acreditado en lo que a conocimientos se refiere.
"El objetivo del programa no es aprender qué, sino más bien aprender cómo, mediante ese primer contrato de trabajo en el que adquirir competencias 'soft' y habilidades socioprofesionales", explica el Ejecutivo.
Este programa permitirá que cualquier administración pública y sus organismos puedan ofrecer contratos temporales de trabajo, de entre 10 y 12 meses de duración, a jóvenes en paro de hasta 29 años.
Los costes salariales y de seguros sociales asociados a ese primer contrato se cifran en al menos 18.000 euros brutos anuales, así como los gastos de tutorización (215 euros mensuales durante los primeros tres meses de participación) serán financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con cargo al Plan de Recuperación.
El tiempo de servicios prestados tendrá la consideración de trabajo efectivo en la Administración Pública y durante sus experiencias laborales los jóvenes podrán contactar con un orientador del SEPE durante su tiempo de trabajo.
Se priorizará la cobertura de empleos verdes y digitales
La idea del Gobierno es llevar a cabo un proyecto piloto de este programa a lo largo de este año, sensibilizando a las AAPP para que ofrezcan puestos adecuados a los jóvenes.
El Ejecutivo prevé que el 20% de las actividades a financiar dentro de este programa se orienten al desarrollo de competencias y empleos verdes y otro 20% a competencias digitales.
Así, se priorizará la cobertura de puestos en tareas relacionadas con la transición ecológica y la economía verde, la digitalización de servicios, la cohesión social (atención de la dependencia e intervención con colectivos vulnerables, rehabilitación de entornos y vivienda), y el desarrollo local rural.
También se valorará positivamente el desarrollo del programa en las provincias afectadas por el reto demográfico para favorecer la fijación de la población joven.
"La primera experiencia laboral significativa está lastrando a muchos de nuestros jóvenes en un país con una tasa de desempleo juvenil del 35%. Ello está obligando a muchas personas jóvenes a aceptar trabajos de baja cualificación, en su entorno o en otro país", argumenta el Gobierno para justificar este programa, a lo que añade que existe un saldo demográfico negativo de jóvenes de las áreas rurales por falta de oportunidades, extendido a la mayor parte de los municipios.
Agilizar la estabilización de plazas
Asimismo, el Plan de Recuperación, en el marco de la reforma de la modernización de la Administración Pública, contempla medidas para reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8%.
Para ello articula medidas en tres niveles. Para empezar, apuesta por agilizar los procesos de estabilización de empleo temporal derivados de las Leyes de Presupuestos de 2017 y 2018, pues se están desarrollando de manera "más lenta de la prevista", lo que ha provocado "nuevas bolsas de interinidad".
Por esta razón, el Gobierno ve necesario regular una nueva y última ampliación de los procesos de estabilización, en el que se incluyan las plazas estructurales ocupadas temporal e ininterrumpidamente en los tres años anteriores a 31 de enero de 2020.
Para evitar más demoras en estos procesos, Función Pública exigirá que la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para cubrir plazas aprobadas en los procesos de estabilización, tanto las ya existentes como las que se añadan, se produzcan en todo caso antes del 31 de diciembre de 2021 y que la ejecución de todos los procesos finalice antes del 31 de diciembre de 2024.
El segundo nivel de medidas planteadas tiene que ver con la lucha contra el abuso y fraude en la temporalidad, para lo que se pretende reformar el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a fin de reforzar el carácter temporal de la figura del personal interino; aclarar los procedimientos de acceso a la condición de personal interino; objetivar las causas de finalización de la relación laboral interina; delimitar el régimen jurídico del personal funcionario interino, e implantar un régimen de responsabilidades en caso de incumplimiento que constituya un mecanismo "proporcionado, eficaz y disuasorio".
El tercer nivel de medidas para recortar la temporalidad que defiende el Gobierno consiste en estudiar una herramienta de planificación de recursos humanos.
"Partiendo de un diagnóstico de las causas estructurales de la temporalidad en el empleo público en los distintos niveles de Administración y en cada sector se realizará un estudio sobre una herramienta de planificación de recursos humanos a fin de mantener
ofertas sostenidas en el tiempo que permitan las incorporaciones necesarias para asegurar la prestación de servicios públicos, garantizando en todo caso la sostenibilidad del gasto público", precisa.
