La propuesta de modificación hace referencia al polémico artículo 315 del Código Penal, incluido en el capítulo sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores y que incluye las sanciones tanto para quienes impiden celebrar una huelga como para quienes obligan a otros a secundarla.
Así, la propuesta de los "populares", que se justifica como "mejora técnica", pasa por reducir las penas de cárcel para quienes "mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga" de la horquilla de seis meses a tres años y medio actual, a un nuevo tramo de entre seis meses y dos años.
Por otro lado, las cuantías de las multas por este comportamiento se mantienen, pero se hace incompatible aplicar ambos castigos, por lo que el juez deberá elegir entre sancionar pecuniariamente o mandar a la cárcel a quien impida o dificulte el ejercicio de huelga.
Penas agravadas
Ahora bien, el PP también introduce cambios en relación con las penas agravadas, que ya no se aplicarán cuando los impedimentos a la huelga se realicen con "fuerza, violencia o intimidación", sino únicamente cuando se demuestre que ha habido "coacciones".
En estos casos, el castigo de cárcel posible se reduce de entre los actuales tres y cuatro años y medio de prisión a entre 21 meses y tres años, mientras que las multas se elevan desde los entre doce y 18 meses a entre 18 y 24 meses. También en este caso se deberá optar por una de las dos modalidades de castigo, o multa o prisión.
Estas mismas penas serán las aplicables a los piquetes que, en grupo o individualmente, coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga. Sin embargo, pese a la reducción, los trabajadores o sindicalistas que se vean en esta situación seguirán estando sujetos a castigos superiores que los que pueden sufrir quienes impiden el ejercicio a huelga.
De hecho, esta situación ha llevado a varias formaciones del Congreso --entre ellas el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) o el Bloque Nacionalista Galego (BNG)-- a exigir con varias iniciativas parlamentarias la abolición del artículo que permite castigar con penas de cárcel a los piquetes informativos, unas propuestas que hasta la fecha no han conseguido salir adelante debido a la mayoría absoluta del PP.
