El Gobierno vasco asume la responsabilidad de la gestión de todas las penas que se cumplen fuera de los centros penitenciarios, después de que la consejera de Justicia, Idoia Mendia, y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, hayan firmado este miércoles dos convenios de colaboración. Estos acuerdos no supondrán una "renuncia a la transferencia total de Prisiones".
Según ha informado en un comunicado el Ejecutivo, los nuevos acuerdos también contemplan la puesta en marcha de actuaciones concretas que consigan la implementación de procesos integrales de inclusión socio-laboral de personas presas.
El primero de los convenios suscritos por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Departamento de Justicia y Administración Pública concreta la colaboración en el ejercicio de las funciones relativas a la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), así como de las suspensiones y sustituciones de las penas privativas de libertad.
A partir de ahora, los Servicios de Cooperación con la Justicia, dependientes del Departamento de Justicia y Administración Pública, en concreto de la Dirección de Justicia, recibirán para su ejecución aquellas resoluciones dictadas por los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma en las que se imponga una pena de TBC o se acuerde la suspensión o sustitución de una pena privativa de libertad.
De esta forma, realizarán tareas como citaciones de penados, entrevistas, elaboración de planes de ejecución o planes individuales de intervención y seguimiento, además de búsqueda de recursos o plazas para cumplir una TBC, de las derivaciones a los mismos de los penados y del seguimiento de unos y otros.
Tras la firma del convenio, los servicios de la Viceconsejería de Justicia asumirán ese trabajo de manera ordenada y con cobertura normativa. El acuerdo no supone cesión de la titularidad de las competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.
Tampoco conlleva la renuncia del Gobierno vasco al pleno desarrollo de las competencias que en materia penitenciaria refleja el Estatuto de Autonomía del País Vasco, tal como ha explicado la Idoia Mendia.
En este sentido, ha apuntado que "los anteriores gobiernos estaban en la postura del todo o nada", mientras el actual Ejecutivo ha asumido "recientemente la transferencia a Osakidetza de la asistencia sanitaria en las prisiones vascas" y ahora la responsabilidad de la gestión de todas las penas que se cumplen fuera de los centros penitenciarios.
Mendia ha asegurado que "Euskadi no renuncia a la transferencia total de Prisiones, pero la firma de este convenio es un paso muy importante en la mejora de la gestión de las penas en los centros radicados en Euskadi".
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
El otro convenio de colaboración rubricado con Instituciones Penitenciarias hace referencia a la puesta en marcha de una serie de actuaciones concretas que consigan la implementación de procesos integrales de inclusión sociolaboral de personas presas que cumplen condena en los centros penitenciarios de Euskadi.
Tras su firma, Instituciones Penitenciarias se compromete a seleccionar a las personas candidatas a participar en estos programas de reinserción, así como a controlarlas, supervisarlas y evaluarlas conjuntamente con el Departamento de Justicia.
Entre los principios de inclusión socio-laboral que guiarán la actuación, figuran el empleo como elemento fundamental para la inclusión, la recuperación y fortalecimiento de los lazos familiares, y la promoción de espacios y sociedades integradoras, atendiendo especialmente a la perspectiva de género, la inclusión de las personas inmigrantes y los procesos de deshabituación de las drogas.
El Departamento de Justicia y Administración Pública se compromete a financiar ---en 2011 se ha presupuestado una partida de 985.000 euros--- las citadas actuaciones y a impulsar todo tipo de intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de esas personas una vez se incorporen de nuevo a la sociedad.
Para ello, dotará presupuestariamente las plazas externas a prisión necesarias para la implementación de los itinerarios de inclusión.
Estos recursos podrán consistir, entre otros, en salidas programadas y campos de trabajo, recursos residenciales y de alojamiento, recursos de deshabituación para personas drogodependientes, centros de formación y capacitación, y centros de orientación y acompañamiento para el empleo.
El número y características de las plazas, y la necesidad y prioridad de las mismas, será determinada por el Departamento de Justicia y Administración Pública, una vez consultada la dirección de los Centros Penitenciarios ubicados en Euskadi, y en función de las necesidades, la capacidad presupuestaria del Departamento en cada ejercicio y la evaluación del anterior. La estimación inicial es de, aproximadamente, 300 plazas, por cada una de las cuales puede pasar mas de un interno.
El Gobierno vasco recuerda que la Constitución y la Ley Orgánica General Penitenciaria establecen "como fin primordial de las penas y medidas privativas de libertad" la reeducación e inclusión social de las personas a ellas sometidas.
"Este mandato constitucional y legal exige que las personas condenadas no sean aisladas absolutamente de la sociedad, sino que se les reconozcan los derechos propios de la ciudadanía (excepto los limitados por sentencia) y que continúen formando parte activa de la comunidad social", señala.
Por último, remarca que éste "es el fundamento primordial del establecimiento de procesos integrales de inclusión socio-laboral con personas presas en su propio entorno".
