Ana Mato ha organizado una agenda de trabajo encaminada a la consecución de un Acuerdo Social contra este problema que involucre a grupos políticos y a agentes sociales.
Así, tras la reunión de hoy con el CGPJ, Mato se reunirá con los grupos parlamentarios la semana próxima, y más adelante con organizaciones empresariales, sindicatos y grupos de comunicación. Al mismo tiempo, ha convocado un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer que integran las organizaciones de mujeres, comunidades autónomas, agentes sociales y ministerios implicados en la erradicación de la violencia de género.
En la reunión de hoy, en la que también han estado presentes la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, la ministra y la presidenta del Observatorio del CGPJ han estudiado los recientes casos de víctimas mortales con el fin de analizar las medidas legislativas y organizativas que se encuentran en marcha y estudiar la adopción de nuevas iniciativas.
Entre las propuestas que se han debatido, figuran las orientadas a facilitar y promover las denuncias contra los malos tratos. Además de reforzar todos los canales de sensibilización orientados a tal fin, el Ministerio y el órgano de gobierno de los jueces impulsarán mecanismos de coordinación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de aquellas denuncias y partes de lesiones que no hayan sido presentadas en dependencias policiales con el objetivo de conocer en el momento de la valoración policial de riesgo todos los hechos o circunstancias que puedan influir en su apreciación, garantizando además la existencia de valoración en todos los casos.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Observatorio han acordado acelerar los trabajos que en el seno del grupo creado para la mejora del cuestionario de valoración policial del riesgo se vienen celebrando desde el pasado mes de julio. Entre los criterios manejados para dicha mejora, se encuentran la inclusión de variables relacionadas con la vulnerabilidad de las víctimas, presencia de hijos o hijas, situación laboral y discapacidad.
La ministra Ana Mato y Ángeles Carmona han coincidido en la necesidad de continuar con el seguimiento de las víctimas por parte de las administraciones implicadas en su atención integral más allá de la vigencia de las órdenes de protección. Por otro lado, ambas han destacado la importancia de que la mujer cuente con asesoramiento jurídico gratuito antes de la presentación de la denuncia. De este modo, el proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita recoge la reforma de la Ley Integral 1/2004 para garantizar que este derecho se haga efectivo en el momento inmediatamente anterior a la interposición de dicha denuncia.
Otro de los puntos esenciales que han abordado la ministra y la presidenta del Observatorio consiste en buscar todas las vías de sensibilización y concienciación necesarias para potenciar la formación de jueces y demás personal al servicio de la administración de justicia, por lo que se propondrá el impulso de campañas de información y de cauces de investigación con el fin de fortalecer los soportes de ayuda a las víctimas de la violencia de género.
La coordinación e integración de la información, como ya ha ocurrido en Castilla y León al interconectar sus bases de datos con el sistema VIOGEN, se seguirá promoviendo en otras comunidades autónomas.
En el caso de los menores, el Proyecto de Ley de Estatuto de la Víctima del Delito incluye un apartado que establece que los órganos judiciales, cuando resulte necesario al fin de proteger a la víctima menor de edad, adopten motivadamente medidas como suspender la patria potestad o establecer un régimen de supervisión del ejercicio de la patria potestad o tutela. Además, podrán suspender o modificar el régimen de visitas o comunicación, cuando resulte necesario para garantizar la protección del menor.
Dentro de la reforma del Código Penal, en tramitación parlamentaria, figuran nuevos delitos relativos al matrimonio forzado, al acoso u hostigamiento a la mujer; o al acecho, muy relacionado con el mal uso de las nuevas tecnologías. La manipulación de los brazaletes electrónicos que permiten el control del tiempo de cumplimiento de la pena por el agresor, así como la supervisión de la aplicación de medidas de seguridad o cautelares, se ha tipificado también como delito.
La ampliación de la libertad vigilada como mecanismo para la tutela penal y para la protección de las víctimas frente a agresores peligrosos es un ejemplo de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno, además del Estatuto de la Víctima que abre la puerta a que la mujer recurra decisiones judiciales sobre movimientos del preso por malos tratos (hasta ahora era informada) y declare el menor número de veces posible durante el proceso que se sucede de la denuncia; además, podrá estar acompañada por una persona que decida aparte de su representación legal, se evitará contacto visual con el agresor, podrá ser oída sin estar presente en la sala de vistas y se protegerá su intimidad.
Los juzgados de violencia sobre la mujer, por su parte, incluirán en sus radios de competencia delitos que actualmente corresponden a los juzgados de instrucción, como los quebrantamientos de la pena o de la medida cautelar impuesta, contra la intimidad o la propia imagen de la mujer (revelación de secretos o ciberacoso) y delitos de injurias, en estos supuestos siempre que la víctima sea la pareja o expareja del presunto agresor.
