Unos planes de choque en respuesta a la pandemia que tienen como objetivo incrementar la capacidad de resolución de los juzgados para restablecer los niveles de actividad registrados en el momento de declaración de estado de alarma.
Así, se mantienen las medidas de autorrefuerzo y refuerzo externo aprobadas para la primera fase (septiembre-diciembre de 2020), que preveían actuaciones en los ámbitos social y mercantil y únicamente en relación a los procedimientos declarativos, extendiéndolas ahora al ámbito de lo contencioso-administrativo y a los órganos de segunda instancia.
Además, se introduce la existencia de equipos de asignación dinámica adscritos al territorio de cada Tribunal Superior de Justicia, compuestos inicialmente por jueces y letrados de la Administración de Justicia, para labores de refuerzo o sustituciones según las necesidades de las sedes judiciales.
La gestión de esta segunda fase del plan se realizará con la coordinación de las instituciones y administraciones competentes, y con seguimiento continuo, mediante una valoración mensual del cumplimiento de los objetivos marcados.
Primera fase
Pendiente de la consolidación de los datos con la inclusión del mes de diciembre, durante la primera fase del plan, casi un centenar de juzgados de lo social y 50 de lo mercantil han alcanzado los objetivos de
autorrefuerzo previstos.
Destaca la resolución de más de 110 procedimientos sociales por mes y órgano participante, lo que ha supuesto un esfuerzo extraordinario por parte de los magistrados, letrados y demás cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, que han incrementado el número de juicios señalados en circunstancias muy excepcionales como son las que ha impuesto la pandemia.
De forma complementaria a las medidas de refuerzo, desde el Ministerio de Justicia se están impulsando también soluciones estructurales, tanto para la planta judicial, mediante la creación de las 33 unidades judiciales comprendidas en el Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre; como en la normativa procesal, a través de la presentación del Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que generalizará el recurso a medios adecuados de solución de controversias
para facilitar la adopción de acuerdos entre las partes sin necesidad de intervención judicial e introducirá mejoras tecnológicas en los procesos.
