Los aragonesistas defenderán el derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente para aquellos sectores "en mayor riesgo de vulnerabilidad social y económica", según ha señalado el vicepresidente del PAR y portavoz en las Cortes, Alfredo Boné.
La iniciativa apoya al Gobierno de Aragón en el recurso de inconstitucionalidad planteado sobre las tasas aplicadas al recurso de casación foral aragonés y le insta a dirigirse al Gobierno central para que la Administración aragonesa las recaude, en virtud de las competencias exclusivas en materia de Justicia.
Alfredo Boné ha subrayado que el Estatuto de Autonomía atribuye a Aragón competencias exclusivas en materia de medios personales y materiales de la Administración de justicia, excluido el personal integrado en el Poder Judicial.
Mediante Real Decreto, en diciembre de 2007 se realizó el traspaso de las funciones y servicios desde el Ministerio de Justicia a la Comunidad Autónoma y desde entonces "el Gobierno aragonés ha realizado un importante esfuerzo para la mejora de los medios materiales y de las sedes judiciales".
Mediante la Ley 10/2012, de 20 noviembre, se regularon determinadas tasas en el ámbito de la justicia, "que han contado con una considerable contestación política, social y del propio ámbito judicial" y contra las que las Cortes de Aragón se pronunciaron en sesión plenaria en diciembre de 2012.
En aquella sesión el Parlamento aragonés mostró su oposición al contenido de la ley de Tasas Judiciales e instó al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de España para solicitar la derogación de la ley y a reclamar que se garantice el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, especialmente a aquellos sectores en mayor riesgo de vulnerabilidad social y económica.
