El texto propone modificaciones en el Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia y busca introducir actualizaciones en los procesos selectivos para el acceso a la carrera judicial y fiscal, entre otros. Igualmente, esta ley tiene el objetivo de incrementar la eficiencia de los procesos mediante la introducción de pruebas prácticas y la transparencia mediante ejercicios anonimizados y la grabación de los ejercicios orales.
La reforma supera su primer examen
La reforma legislativa del Gobierno sobre el acceso a las carreras fiscal y judicial ha superado este jueves su primer examen en el Congreso al rechazar en el Pleno las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox.
Entre las novedades, el titular de Justicia ha destacado la introducción de una prueba escrita anónima en las oposiciones a la carrera judicial y fiscal y la grabación de los exámenes orales para reforzar la objetividad y ofrecer una vía de reclamación transparente a los aspirantes.
También ha mencionado el blindaje legal de las becas SERÉ, dotadas con 12.000 euros anuales durante cuatro años para opositores a judicatura, Fiscalía y Abogacía del Estado. Además, el Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en una red pública de preparación descentralizada, con espacios en todas las provincias y un registro de preparadores accesible para los candidatos "que no conocen a ningún juez ni fiscal".
Bolaños ha anunciado también la convocatoria simultánea de plazas por turno libre y cuarto turno (concurso-oposición) para cumplir el 25 % establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985: "Serán 360 plazas por oposición y 120 por cuarto turno en 2025, 2026 y 2027".
Paralelamente, se lanzará un proceso extraordinario de regularización para 1.300 jueces sustitutas y fiscales suplentes, exigido por la Comisión Europea, "con un concurso-oposición presidido por magistrados del Supremo y fiscales de sala" y sin merma de las futuras ofertas ordinarias.
Entre otros puntos, la reforma contempla el ascenso automático de juez a magistrado a los cinco años, la igualdad promocional para jueces de lo mercantil y de violencia de género, la ampliación de la Comisión de Ética Judicial con expertos externos elegidos por las Cortes y la prohibición de financiación privada de asociaciones judiciales.
