El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Juan Manuel Fernández, ha advertido de las "graves dificultades" en diversos órganos judiciales por la falta de planificación en el momento de confeccionar las plantillas de funcionarios, una situación que califica de "acuciante" en los Juzgados de Aoiz, en los de lo Penal y en el de Familia e Incapacidades de Pamplona.
Según ha expuesto en su discurso con motivo del acto de apertura del año judicial 2011-12 en Navarra, en muchos de estos órganos los problemas de personal no son coyunturales sino estructurales, fruto de una insuficiente dotación inicial a la hora de confeccionar las plantillas por parte del Gobierno de Navarra. "Las carencias que sufren desde su creación les impiden, en un momento de tanto trabajo como la época presente, cumplir su labor con normalidad", ha asegurado Fernández.
El presidente del TSJN ha incidido en la situación de interinidad que se da en el personal al servicio de la administración de Justicia, con un porcentaje del 33%. "Lo más grave no el dato en sí, sino la falta de formación previa, fundamentalmente en lo concerniente al manejo del sistema de gestión procesal. Tal deficiencia no puede ser suplida por el personal restante, ya que la abrumadora carga de trabajo lo impide", ha remarcado.
No obstante, el presidente del TSJN ha destacado "la buena situación comparativa de la Justicia navarra" y que, pese a todo existen motivos para el optimismo". Así, ha indicado que en los próximos meses se acabarán las obras del nuevo palacio de Justicia de Tudela, "lo que supondrá el final de un ambicioso plan de modernización de los edificios judiciales de las sedes de los cinco partidos judiciales navarros, algo sin parangón a nivel nacional".
Y, por otro lado, también ha destacado que desde hace aproximadamente un mes está operativo el nuevo programa informático Avantius web, que permite ya dar los primeros pasos en pos de la tan deseada interactuación entre los operadores jurídicos, además de una comunicación directa entre los órganos judiciales. "Los resultados obtenidos hasta el momento son muy satisfactorios, así que ello va a contribuir de forma notable a una gestión más rápida y segura, haciendo así real el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, además de que va a permitir abaratar los costes económicos del proceso", ha afirmado.
En el polo negativo, el presidente del TSJN ha situado el hecho de que para el año 2011 no se haya creado juzgado alguno en Navarra. "Lamentablemente no se ha aumentado la planta judicial este año, ya que ningún órgano ha sido creado a nivel nacional, pero, como antes le decía, paliaremos tal insuficiencia con mayor dedicación. No oculto la gravedad de los problemas en algún ámbito jurisdiccional, determinada, fundamentalmente, por la insuficiencia de tribunales, pero es muy visible también la mejoría notable en otros", ha señalado.
Al respecto, Juan Manuel Fernández ha abundado en que la insuficiencia no es solo de órganos judiciales, sino también de apoyos a la labor de los mismos: "Así, en concreto, hay una carencia de equipos psicosociales que ayuden a los juzgados de familia, de incapacidades y de violencia sobre la mujer, a cumplir sus funciones con efectividad y puedan tutelar los derechos de quienes acuden a ellos, personas, en no pocos casos, especialmente vulnerables".
La aprobación de las leyes, ha explicado el presidente del TSJN, no siempre va acompañada de la correspondiente partida presupuestaria para que los jueces puedan desempeñar su papel de garantes de los derechos en ellas reconocidos, "lo cual además de generar la frustración de las legítimas expectativas deteriora la confianza en los tribunales, a quienes se responsabiliza, en último término, de su falta de efectividad".
En su discurso, Fernández se ha reiterado el compromiso de los jueces por conseguir una "el objetivo de una Justicia de calidad". "Pero ello requiere también el esfuerzo de la Administración, supliendo con imaginación, ilusión y dialogo las carencias económicas. Para ello hay un camino trazado, cual es el del cambio del actual modelo organizativo. Se pueden optimizar los recursos, estamos obligados a hacerlo, y hace ya tiempo que señalamos la necesidad de implantar servicios comunes que nos permitirán dar un paso decisivo hacia la modernidad. Se puede hacer, se debe hacer, se tiene que hacer, pero precisamos del apoyo de las instituciones ", ha manifestado.
Fernández ha comenzado su intervención asumiendo la difícil coyuntura económica en la que se encuentra España, en medio de unas condiciones muy adversas y con dificultades presupuestarias, tanto a nivel estatal como foral, que van a mermar los recursos que la Justicia precisa.
"Somos conscientes de ello y, en consecuencia, como punto de partida, quiero dejar sentado con rotundidad el absoluto compromiso de quienes integramos el poder judicial con la sociedad a la que servimos; estamos dispuestos a hacer más con menos", ha recalcado Fernández, quien ha apuntado que así se viene demostrando en Navarra año a año y ahí están los datos que sitúan al TSJN "entre los tres tribunales más eficaces a nivel nacional en los últimos años, a pesar de los pesares".
"En la Justicia no ha habido inflación de puestos, ni lujos, ni dispendios"
El presidente del TSJN ha subrayado que el juez ha desempeñado su función desde siempre en un contexto de estricta austeridad. "Austeridad y precariedad de medios nos acompañan desde siempre en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional. En el mundo judicial no ha habido nunca inflación de puestos administrativos, no ha habido asesores, ni lujos ni dispendios. En los tiempos de bonanza económica las inversiones, tan necesarias, no tuvieron la intensidad que las necesidades requerían y que sí se dio en otros ámbitos de la Administración", ha enfatizado.
Según ha expuesto, esas inversiones que no se hicieron cuando todo era favorable no se harán tampoco ahora. "Pero, insisto, que nadie cuestione cuál será nuestra actitud y compromiso con las necesidades que los ciudadanos tienen", ha remachado.
Ahora bien, a juicio del presidente del TSJN, el muy grave contexto económico no puede servir de excusa para eludir el debate sobre la efectividad del actual modelo organizativo de la Administración de Justicia.
Al respecto, ha explicado que el dialogo institucional entre el Consejo General del Poder Judicial, como órgano constitucional encargado del gobierno del poder judicial, y el poder ejecutivo, que se reservó para si la asignación presupuestaria, se concretó en los momentos iniciales de nuestra Democracia, a la relación con el Ministerio de Justicia. Pero la organización político-territorial española originó que las Comunidades Autónomas reclamasen la asunción de competencias en materia de Justicia. Ello planteó problemas de especial complejidad, que fueron resueltos en su día por el Tribunal Constitucional, que acuñó el concepto administración de la Administración de Justicia.
Se configuró así un sistema relacional entre Administración de justicia y la administración de la Administración de Justicia, que desembocó en la existencia de tres grandes centros decisores: Consejo General del Poder Judicial, consejerías de Justicia de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas —once en el momento actual— y Ministerio de Justicia, por cuanto que la transferencia de competencias no fue absoluta, manteniendo el Gobierno central importantes facultades.
"Como se puede comprender ni resulta sencillo cohonestar la actuación conjunta de los mismos ni es fácil comprender que la efectividad de las líneas esenciales estratégicas de la Justicia. El problema, no nos engañemos, se reduce a que resulta muy difícil que las líneas de actuación básicas se adopten por un órgano de gobierno que, sin embargo, no tiene autonomía para fijar las correspondientes partidas presupuestarias para su ejecución", ha afirmado.
Crisis del sistema organizativo de la Justicia
El presidente del Tribunal Superior de Navarra ha indicado que la crisis del sistema organizativo de la Justicia no es algo que solo se plantee desde el ámbito de los jueces, sino que son varias los gobiernos autonómicos que han exteriorizado muy recientemente su deseo de devolver las competencias asumidas en su día y otras que han paralizado el proceso de transferencia de aquellas.
"La crisis que estamos viviendo ha de llevarnos a todos a hacer una reflexión acerca de muchos aspectos de nuestra vida política, social y económica, y también, claro está acerca del actual modelo de Justicia. Se imponen cambios legislativos, orgánicos y estructurales; urge la implantación de las nuevas tecnologías y se hace preciso, en suma, un Pacto de Estado que ponga fin al deterioro institucional de la Justicia", ha sintetizado.
Juan Manuel Fernández ha insistido, una vez más, en que "el Poder judicial precisa de autonomía orgánica y funcional, de una asignación presupuestaria estable, no sometida a los vaivenes político-partidistas o económicos coyunturales", una asignación que debe ser porcentual sobre el total de los presupuestos, "evitando agravios comparativos y respetando así la homogeneidad y solidaridad que ha de presidir la actuación del Estado".
