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Pone en valor las medidas preventivas en los juzgados, donde hubo 42 positivos, un 1% del personal

El presidente del TSXG afirma que los jueces "aplicarán la ley" si hay cambio normativo para obligar a vacunarse

Noticia

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha señalado este lunes que, si se modifica la legislación para hacer obligatoria la vacunación contra la COVID-19, los jueces "aplicarán la ley".

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Así lo ha trasladado a preguntas de los grupos parlamentarios durante su comparecencia en la comisión de reactivación económica, social y cultural de Galicia tras la pandemia, que tiene lugar en el Parlamento autonómico.

Con respecto a la posible obligatoriedad de ponerse la vacuna antiCOVID y los eventuales litigios que podrían derivarse en caso de no aceptar esa imposición, el presidente del TSXG ha apuntado que, con la actual legislación, la administración de la vacuna precisaría del consentimiento previo del paciente.

En todo caso, ha matizado, "las leyes se pueden modificar" y los jueces "tienen que aplicar la ley, no diseñarla". Si una nueva normativa hiciese obligatoria la vacunación, "los jueces tendrían que aplicar la ley", ha señalado.

Aumento de asuntos en Social y Mercantil

Por otra parte, José María Gómez y Díaz-Castroverde ha vaticinado que aumentarán los asuntos en los juzgados de lo Social, Contencioso-Administrativo y Mercantil debido a la pandemia de COVID y a sus consecuencias económicas y sociales.

Gómez y Díaz-Castroverde ha señalado que las actuales circunstancias hacen vaticinar un futuro aumento de asuntos en estos juzgados, aunque ha precisado que, de momento, "no hay noticias de una posible avalancha".

A ese respecto, ha recordado que los juzgados de lo Social "son los que tienen peor situación", y ha añadido que también "preocupan" algunas salas de Familia. Según ha apuntado, los asuntos que entraron en los juzgados de lo Social de Galicia disminuyeron de forma significativa en lo que va de año y, de hecho, en el mes de octubre, en los juzgados de lo Social de las siete grandes ciudades ingresaron 3.351 asuntos, prácticamente la mitad que en el mismo mes del año pasado.

En todo caso, y tras recordar que hubo una paralización de la actividad judicial durante el estado de alarma (a excepción de juzgados de guardia, oficinas de atención a víctimas, juzgados de violencia contra la mujer, y otros servicios esenciales), también ha señalado que se ha hecho una "reprogramación" de esa actividad y que, posiblemente a finales de 2020, los juzgados de Galicia "estarán cerca de tener al día los asuntos suspendidos".

Gestión de la pandemia

El presidente del TSXG ha señalado que, desde que se inició la pandemia, se han detectado 42 casos positivos en los juzgados, de los que 16 fueron jueces, fiscales o letrados de la administración de justicia; y otras 26 personas fueron forenses, gestores, auxilios y otros trabajadores.

Al respecto, ha destacado que la incidencia ha sido de en torno al 1 por ciento del total de funcionarios y no ha habido "brotes específicos", ya que los contagios "se produjeron fuera" de los ámbitos de los juzgados. Ello indica, ha subrayado, que "se tomaron medidas adecuadas".

José María Gómez y Díaz-Castroverde ha recordado que, en el contexto de pandemia, los juzgados gallegos han contado con un protocolo de actuación, se habilitó parcialmente el mes de agosto, se reprogramaron los señalamientos para priorizar los asuntos esenciales cuando se reactivaron los juicios, y se implantó el método de trabajo telemático.

Con respecto a esa cuestión, ha agradecido que la administración de justicia gallega contó "desde el primer día" con todos los instrumentos para desarrollar ese teletrabajo, y ha pedido "aprovechar esta inercia" para avanzar en cuestiones como la extensión del expediente judicial electrónico o el 'portafirmas' digital.

El presidente del alto tribunal gallego también ha destacado que, durante la pandemia, se constituyó una comisión de seguimiento, un "instrumento importante" que sigue vigente y que ha consensuado medidas para mantener la atención esencial y reactivar la actividad.