El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha propuesto la construcción de un "bloque común" de fedatarios públicos que sea capaz de articular en los próximos meses una movilización de ámbito estatal alternativa a las políticas desarrolladas por el Ministerio de Justicia.
La organización se ha pronunciado así después de que grupos de secretarios judiciales hayan convocado jornadas de huelga en los partidos judiciales de Madrid, Toledo, Benidorm, San Vicente del Raspeig y Alicante para los días 11 y 24 de abril.
"Desde el SISEJ contamos, sin exclusiones, con todas las asambleas de Secretarios Judiciales y con las organizaciones de nuestro colectivo para la construcción de un bloque común capaz de articular en los próximos meses de una movilización alternativa de ámbito estatal a las políticas desarrolladas por este Ministerio de Justicia respecto a nuestro colectivo, sin descartar ninguna medida", afirma en un comunicado.
El sindicato explica que no ha participado en la convocatoria ni organización de esta jornada de paro, pero expresa su "máximo respeto y apoyo" a los secretarios judiciales que, "dentro del ámbito de legitimación de la convocatoria, decidan ejercer su derecho a huelga".
Perplejidad con los servicios mínimos
El SISEJ ha expresado su "perplejidad" ante la resolución del Secretario General de la Administración de Justicia que establece los servicios mínimos por cuanto consiste en una "simple reproducción de anteriores resoluciones que ni tan siquiera delimita con claridad el ámbito territorial de este paro ni los centros de trabajo afectados".
En todo caso, ha manifestado su coincidencia con "la mayoría de las reivindicaciones estrictamente laborales", de las que dice haber tenido conocimiento a través de los medios de comunicación. "Pese a ello, remarcamos que la exigencia económica salarial inmediata debería quedar aparcada en este momento, dada la grave situación social de la ciudadanía", añade.
"Los secretarios judiciales no debemos vivir de espaldas a la realidad social, en un país con más de cinco millones de parados, decenas de personas que pierden a diario su hogar, índices crecientes de pobreza y exclusión social, y sobre todo, un retroceso de derechos sin precedentes en la democracia", concluye.
