El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, ha apostado por la mediación intraprocesal e intrajudicial para ejecutar los desahucios "de forma más civilizada" y "solucionar aspectos" en los que están implicados "componentes emocionales de angustia que viven ciudadanos en esta situación".
Martínez Moya ha hecho estas declaraciones en un contacto con los medios de comunicación tras mantener una reunión de trabajo con una representación de los firmantes del manifiesto en contra de los desahucios, Joaquín Sánchez, Juan Francisco Ortega y José Tornel, quienes les han trasladado sus propuestas.
A este respecto, el presidente del TSJ apuesta no sólo la aplicación mecánica de la ley, sino también por "dar una respuesta desde el interior de la Justicia". En concreto, no cree que tenga que ser necesariamente el juez el que dé esta respuesta, sino que el magistrado puede calificar la situación para derivarla a un servicio de mediación que lo pueda solucionar.
En este sentido, Martínez Moya se muestra favorable a apostar "por la mediación dentro de los procedimientos de ejecución hipotecaria", y cree que hay que llevar a cabo, sobre todo, "labores preventivas" para que "no quede todo ya en la mesa del juez para acordar o no la suspensión de una ejecución".
A su parecer, la suspensión de la ejecución por parte del juez "puede ser el último extremo y la última situación". Para ello, recuerda que ya se han abierto posibilidades legales", y se está a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia.
En cualquier caso, recuerda que los jueces disponen de instrumentos legales dictados por el parlamento en este sentido, pero todavía "quedan espacios legales" donde pueden decir "muchas cosas".
A partir de ahí, explica que hay otros aspectos relacionados con el ámbito de los servicios sociales y la necesidad de dar certidumbre cuando se vaya a hacer un lanzamiento en la fecha de ese mandamiento de ejecución".
En definitiva, el presidente del TSJ de Murcia dice que el objetivo es "no dar pie a las situaciones que se vienen produciendo diariamente, en ocasiones", si se tiene que llegar en un momento determinado a una ejecución hipotecaria y a un lanzamiento.
Así, el propósito es que estas ejecuciones y lanzamientos "se ejerciten de manera mucho más civilizada", y que se llegue a una solución "pactada, consensuada y sin dar pie a esos escenarios que pueden suponer el uso de la fuerza del derecho".
Encuentro de trabajo
A lo largo de este encuentro --el segundo entre Martínez Moya y afectados por los desahucios--, la delegación de representantes contra los desahucios han presentado un proyecto de mejora en el ámbito colegiado, relativo a las buenas prácticas para la ejecución de diligencias en viviendas en la Región de Murcia.
Martínez Moya y los representantes de la PAH están empezando a intercambiar impresiones, y tienen como objetivo dar un carácter "muy interdisciplinar" y establecer unos protocolos con pautas de atención ciudadana y de gestión de calidad en la coordinación de las oficinas judiciales con los diversos sujetos que intervienen en los lanzamientos.
El presidente del TSJ ha especificado que este proyecto abarca la implicación de ejecuciones fundamentalmente hipotecarias, aspectos estrictamente procesales, del drama social y la situación que representa, respecto a los cuales, la administración de Justicia "no puede permanecer al margen".
Recuerda que la administración de Justicia es muy respetuosa con las iniciativas legislativas, el poder legislativo y el poder ejecutivo en la adopción de estas medidas, pero entiende que "hay espacios de mejora en el ámbito de la administración de Justicia".
En este sentido, considera que se puede mejorar "en términos de ejercicio muy civilizado" la ejecución de los lanzamientos que se vienen produciendo prácticamente de forma diaria y con una causa directa en la situación económico y social".
Propuestas contra los desahucios
Los representantes de los firmantes contra los desahucios insisten en que, lo "ideal", es que el legislador "cambie la Ley Hipotecaria" pero, en su defecto, han realizado una serie de propuestas que pretenden aportar "humanidad y corazón" a los procesos como, por ejemplo, evitar cláusulas "abusivas" que imponen "intereses tremendos".
Asimismo, han propuesto la posibilidad de que se paren los desahucios de las familias que sufran problemática social; así como la posibilidad de que antes de que se ponga una fecha al desahucio se busque la mediación para que se busque una alternativa a la vivienda, o que se mantenga en la misma.
Asimismo, han mostrado su rechazo al ultimátum que se suele hacer a los desahuciados, cuando se les dice que tienen que desalojar la vivienda en 15 días, lo que provoca una "gran angustia" a las familias, ya que tienen que desmontar la vivienda y buscar un nuevo alojamiento sin tener dinero para alquilar.
En este sentido, los representantes de la PAH apuestan por hacer extensivo el procedimiento mediante el cual, la familia recibe una fecha concreta para el desahucio, lo que crea "una cierta seguridad" y no es tan "angustioso".
