El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido parcialmente el proyecto para las obras de colectores y la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Oria (Almería) para prevenir posibles "daños" y "perjudicios irreparables" al patrimonio arqueológico y el dominio público hidráulico de la zona.
En su auto, consultado por Europa Press, el tribunal estima la petición que efectúa Ecologistas en Acción tras examinar el proyecto y advertir que el trazado dado a un colector podría afectar a infraestructuras hidráulicas que datan del siglo XVI, en concreto, a la mina de agua que abastece a la balsa de Janá, así como a determinadas ramblas.
La Sala de lo Contencioso-administrativo accede a la medida cautelar a fin de "asegurar que la futura sentencia --en caso de dar la razón a los ecologistas-- pueda llevarse a la práctica de modo útil, sin que se produzcan situaciones irreversibles" sobre el terreno.
El tribunal ha tenido en consideración los informes sobre los posibles "efectos y afecciones" al patrimonio cultural y al paisaje agrario que podrían derivarse de las obras de los colectores, así como el informe técnico sobre la afección al cauce del dominio público sin que desde la Junta de Andalucía, tras haberle dado parte, "se contradigan" dichas observaciones.
Así, el informe de los especialistas aportado por Ecologistas en Acción incide en la "insuficiencia" de medidas que el proyecto de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural prevé para ejecutar las obras, con las que se "cortaría y amortizaría la galería, cortándola y rellenándola, lo que es incompatible con su conservación".
De igual modo, apuntan los ecologistas que la afección al patrimonio cultural en el caso de la mina que abastece la balsa de Janá "es extensible al paso de otros colectores de la EDAR", por lo que dichos proyectos exigirían "una actividad arqueológica previa" mediante una prospección o sondeo.
Añaden también que las obras proyectadas contemplan el paso de dos colectores por la "huerta histórica de Oria" sin tener en cuenta "la relevancia de este patrimonio", toda vez que "implican la destrucción del nacimiento de agua de la balsa denominadas 'La fuente'".
Entre otras cuestiones, los ecologistas señalan en su recurso la afección al dominio público hidráulico de distintos colectores que discurren por ramblas o terrenos adyacentes "sin haber obtenido autorización", toda vez que echan en falta "alternativas" dentro del proyecto al trazado para evitar los recorridos propuestos. Advierten también la "ligera invasión" de la EDAR de la zona de servidumbre para un periodo de retorno de cien años.
Valor histórico
El tribunal ha destacado, en este caso, que la paralización cautelar de parte de las obras tienen como fin preservar de antemano un bien público. "No se trata de defender un interés particular" sino que se actúa para la "defensa de espacios que pueden tener un valor histórico" y que sería necesario "proteger".
En este sentido, el TSJA ha atendido las alegaciones de los ecologistas, quienes mediante su escrito trasladaron que "la mina y el espacio de regadío de Janá son de origen medieval andalusí y constituyen restos arqueológicos", de manera que si bien especifican que estos bienes no están inventariados, también destacan que "no dejan de formar parte del patrimonio histórico".
Así, aportaron documentos en los que explicaron que ni el proyecto ni el informe de impacto ambiental tenía en cuenta "la importancia de ninguno de estos elementos" así como tampoco "el daño irreversible y a la comunidad de regantes que conllevaría" la ejecución de los trabajos en las zonas afectadas.
Por su parte, desde el Gobierno andaluz se señaló que la paralización de la actuación, que en su conjunto cuenta con una inversión de casi 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, produciría "un grave perjuicio al interés general al no poder ejecutar la Administración obras a la que está obligada por mandato legal".
Si bien el TSJA reconoce el "interés público de las obras ejecutar", ha apuntado que "es claro también el interés público que se pretende con la medida cautelar", por lo que ha accedido a la suspensión de las obras de los colectos de las zonas afectadas de las minas de agua y de las zonas de las rambas afectadas por el trazado de los colectores, ya que la protección de estos terrenos "resulta especialmente relevante" al tratarse de "elementos arqueológicos".
La obra, de la que el Consejo de Gobierno tomó conocimiento el pasado 9 de julio, prevé el tratamiento mediante la EDAR de un caudal máximo de 349 metros cúbicos diarios, para lo que se servirá de un colector general y cinco colectores más, que suman casi 5,3 kilómetros de longitud.
Esta actuación va encaminada a tratar las aguas de una población total de 2.200 habitantes, tanto de Oria como de su núcleo de población de Ogarite, ya que el municipio carece de un sistema de depuración de sus aguas residuales, que se vierten directamente al medio sin depurar a través de cuatro puntos.
