El alto tribunal de Castilla y León ha recordado al Ministerio de Justicia que tiene encomendada la custodia de las sedes judiciales y de las personas, y le ha requerido para que contrate a los vigilantes de seguridad necesarios para cumplir con su obligación.
Los escritos analizados por la Sala han coincidido en que se establezca un servicio de vigilancia en las sedes de aquellos partidos judiciales que cuentan con un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
De manera significativa, se ha tenido en cuenta el informe remitido sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva (Segovia), tras el atentado sufrido el pasado 1 de diciembre por la titular del mismo, la magistrada Sonsoles Sanchidrián Velayos.
Advertencias del peligro
La Sala ha resaltado que en los últimos años ha elaborado expedientes gubernativos por alteraciones del orden público en sedes judiciales y ha dictado acuerdos en los que solicitaba proteger dichos edificios.
En concreto, había advertido del peligro que suponía que Juzgados situados en núcleos rurales y ajenos a cualquier tipo de medida de protección no tuviesen el auxilio de vigilantes de seguridad.
Es el caso por ejemplo de los expedientes sobre carencias de protección e incidentes graves ocurridos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora, febrero de 2013 y de 2020); en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos, octubre de 2015 y de 2019); y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villablino (León, febrero de 2018).
En todos ellos, se instaba al Ministerio de Justicia, a través de su Gerencia Territorial, a que “tomase conocimiento del evidente riesgo que se le mostraba y a que adoptase las medidas oportunas para evitar que se produjesen hechos de trágicas consecuencias”.
Agresión reciente grave
La situación más hiriente se produjo hace tan sólo unos días en la sede judicial de Santa María la Real de Nieva. Al concluir su jornada, la juez titular fue objeto de una agresión por parte de un litigante al que había sido notificada el día anterior una resolución dictada por ella.
El atentado se produjo en las inmediaciones de la sede y continuó en el interior de la misma, en la que la juez trató de refugiarse. Las heridas por arma blanca de carácter grave determinaron su ingreso en un centro hospitalario durante once días, un hecho que según el Tribunal “pudo haberse evitado de existir la reclamada medida”.
Como consecuencia de estos lamentables hechos, la Gerencia Territorial adscribió al día siguiente del suceso a un vigilante privado para dar cobertura a la necesidad de seguridad por un periodo de veinte días. Sin embargo, justo un día después recibió la orden expresa por parte del Ministerio de Justicia para que anulase dicha medida.
Desgraciadamente, este caso no ha sido el primero. Como antes se indicaba, en los últimos años han acaecido situaciones similares en distintos partidos judiciales de la comunidad (Sepúlveda, Vitigudino, Villablino, Puebla de Sanabria, Almazán o Briviesca) que “hacían presagiar un hecho de las dimensiones sufridas en Santa María la Real de Nieva”.
Segovia, la más desprotegida
La Sala ha resaltado además que, en las ciudades en las que la dispersión de sedes es “una triste realidad” -Segovia es una buena muestra de ello-, existen Juzgados en los que tampoco hay medida de seguridad alguna.
Se trata del Juzgado de Menores, del Contencioso-Administrativo, del Social, de los Penales y del Primera Instancia e Instrucción 5, situados en locales distintos y alejados del Palacio de Justicia. Todos se encuentran en la misma situación de precariedad y son susceptibles de sufrir hechos similares a los ocurridos en Santa María ya que resultan insuficientes las contadas medidas adoptadas en alguno de ellos como la instalación de circuitos cerrados de televisión con videograbadores, monitores y cámaras.
