En 2010 se presentaron un total de 134.105 denuncias por malos tratos en los 103 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (JVM) existentes en toda España así como en los 358 juzgados con competencias compartidas, de acuerdo con datos del Consejo General del Poder Judicial. Esto supone que se presentaron 368 denuncias diarias por esta causa, lo que supone una media de 15,3 denuncias cada hora.
De las 134.105 denuncias, el 79,49 por ciento (106.594) fueron presentadas con atestados policiales (con denuncia de la víctima, con denuncia familiar y por intervención directa policial), el 10,92% (14.640) lo fueron a través de remisión del parte de lesiones, tras haber sido atendidas en centros hospitalarios, el 8,32 por ciento (11.158) fueron presentadas directamente por las víctimas en el juzgado, un 0,9% (1.226) por remisión de servicios de asistencia o terceros en general y 487 denuncias fueron presentadas en el juzgado por familiares de las víctimas, lo que supone un 0,36 por ciento del total.
Comparando los tres últimos años se constata un ligero descenso del 1,1 por ciento respecto al 2009 (135.540 en total, equivalente a 371 denuncias diarias), y una disminución algo mayor, un 5,6 por ciento, respecto al 2008 (142.125 en total, equivalente a 389 denuncias diarias). Sin embargo se aprecia un incremento del 6,1% respecto a 2007 (126.293, equivalente a 346 diarias).
Si comparamos los datos de los últimos tres años, se aprecia un descenso por parte de la víctima a renunciar a continuar con el procedimiento. Así, de las 134.105 denuncias interpuestas en 2010, en 15.907 casos -el 11,86 por ciento- se renunció posteriormente por las víctimas a continuar el procedimiento, lo que supone un descenso de 5,3 por ciento respecto a 2009 (16.762) y un descenso algo menor del 1,2 por ciento respecto al año anterior (16.100).
En cuanto a la forma de terminación de los procedimientos en los JVM, el 18,5% lo fue por sentencia, un 4,1% lo fue por sobreseimiento libre, un 43,2% por sobreseimiento provisional y un 34,2% por elevación al órgano competente (Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial) para el enjuiciamiento y sentencia de los hechos.
Respecto a los delitos instruidos a través de los JVM, el más habitual fue el de lesiones: 108.532 –el 78 por ciento- fueron de esta naturaleza. Le siguieron los delitos contra la libertad (coacciones y amenazas) -12.296 un 8,8 por ciento-; los quebrantamientos de medidas (aproximarse a la víctima) -3.657, un 2,6 por ciento-; los delitos contra la integridad moral -3.566, un 2,6 por ciento-; los quebrantamientos de penas -2.403, un 1,72 por ciento-; los delitos contra los derechos y los deberes familiares -1.423, un 1,2 por ciento-, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual -928, un 0,7 por ciento- y los 116 casos de delitos de homicidio (englobando tanto los consumados como los intentados), que representan el 0,8 por ciento.
En el periodo citado, 21.368 personas fueron enjuiciadas por los JVM, un 71% de ellos españoles y un 29% extranjeros. El 76 por ciento fueron condenados, mientras el 24 por ciento restante resultaron absueltos (corresponden a juicios de faltas).
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en toda España registraron 37.908 solicitudes de Órdenes de Protección –un 28,26% de las denuncias-, acordándose 25.531, lo que supone un 67% de aquellas. La ratio denuncias/órdenes de protección es de un 28%. Un 65% de las solicitantes eran españolas y un 35% eran mujeres extranjeras. En el 59% de los casos, la relación afectiva de las solicitantes se mantenía mientras que en el 39% se había extinguido. A estas hay que unir 6.575 órdenes de protección solicitadas ante los Juzgados de Guardia, de las 4.942 (el 75%) fueron acordadas
Cinco Comunidades Autónomas siguen siendo las que mayor número de solicitudes de órdenes de protección reciben: Cataluña, con 6.154, Andalucía, con 6.068, Madrid, con 5.976, la Comunidad Valenciana, con 4.712 y Canarias con 2.719. A estos datos hay que adicionar el de las solicitudes de órdenes de protección antes los Juzgados de Guardia, fuera de horas de audiencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en número de 6.575, de las que fueron acordadas 4.942, un 75% de ellas, y 1.633 (el 25%) fueron denegadas. En 2010 se solicitaron en total 44.483 órdenes de protección entre JVM y Juzgados de Guardia.
En el ámbito civil ingresaron 19.139 asuntos, manteniendo la baja proporción de asuntos civiles tramitados en los JVM respecto a las denuncias penales presentadas (134.105). Esta diferencia se mantiene igualmente entre el número de medidas cautelares acordadas en función de su naturaleza: penales, en número de 78.358, y civiles, en número de 20.276.
Por su parte, en los Juzgados de lo Penal, que enjuician delitos penados hasta con cinco años de pena privativa de libertad, celebraron 34.554 juicios orales sobre violencia de género, con el resultado de un 50,4% de sentencias condenatorias (17.414) y de un 49,6% de absolutorias (17.140). De las sentencias condenatorias, un 20,8 por ciento (7.181) fueron por conformidad y un 29,6 por ciento (1.233) sin conformidad.
En las Audiencias Penales Especializadas en Violencia sobre la Mujer, que enjuician delitos penados con pena privativa de libertad superior a cinco años, se dictaron 397 sentencias, 320 de ellas (el 81%) de condena, y el 19% (77 sentencias) absolutorias.
A lo largo de los tres últimos años, el porcentaje de sentencias condenatorias en esta materia dictadas por las Audiencias Provinciales en única instancia ha oscilado entre el 84% y el 81%, las de este mismo signo dictadas por los Juzgados de lo Penal la oscilación está entre el 56% al 50%, mientras que las condenatorias dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han oscilado entre el 77% y el 79%.
Respecto al ámbito de menores, en el año 2010 se ingresaron en los 85 Juzgados de Menores que existen en el territorio nacional un total de 163 asuntos de Violencia de Género. Resultaron enjuiciados 25 (17%) menores de entre 14 y 15 años y 122 (83%) de entre 16 y 17 años. De ellos 17 (68%) eran menores españoles y 8 (32%) extranjeros de entre 14 y 15 años. Del mismo modo 93 (76,2%) menores españoles tenían entre 16 y 17 años y 29 (23,8%) extranjeros.
En este ámbito se dictaron un total de 126 sentencias por delitos de Violencia de Género, de las cuales 115 (91,2%) fueron con imposición de medidas (se equiparan a las sentencias condenatorias) y 11 (8,8%) sin imposición de medidas (se equiparan a las absolutorias).
LA PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO VISLUMBRA UNA ESTABILIZACIÓN
La Presidenta del Observatorio VD y G, Inmaculada Montalbán, afirmó que "los datos muestran una estabilización en las cifras de denuncias, renuncias y órdenes de protección solicitadas, ya que el descenso es muy pequeño respecto del año anterior. Se mantienen, con ligeras oscilaciones, los porcentajes de sentencias condenatorias y sobreseimientos".
Para Inmaculada Montalbán una de las causas del estancamiento de estas cifras estadísticas se debe a la ínfima implicación de familiares, vecinos y amigos de las víctimas. Sólo un 1,63 por ciento de todas las denuncias presentadas (2184 denuncias) procedieron de familiares si sumamos las presentadas directamente por familiares o a través de atestados policiales presentados con denuncia familiar. Esto explica, en gran parte, el hecho de que 7 de cada 10 mujeres asesinadas jamás hubieran puesto una denuncia contra su agresor. Si su entorno y todos nosotros hubiéramos sido más sensibles ante este problema posiblemente se salvarían más vidas.
La Presidenta Montalbán añadió que "para mejorar la investigación y enjuiciamiento de los delitos de violencia de género, necesitamos modernizar la organización judicial y reformas puntuales en las leyes procesales". Por ello, consideró "urgente la aprobación por el Parlamento de la Ley de Tribunales de Instancia. Que atribuye a los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer el conocimiento de los delitos de quebrantamiento de medidas cautelares y penas. Además, y esto es especialmente importante, facilita la agrupación de partidos judiciales para garantizar un servicio especializado a las víctimas y sus hijos, con mayor aprovechamiento de los recursos materiales y humanos".
