Foro Judicial Independiente ha mandado una carta al secretario ejecutivo del GRECO, Gianluca Esposito, para instar a las instituciones europeas a que reclamen al Estado español que en todo aquello que esté relacionado con los nombramientos judiciales y fiscales actúe "en consonancia con las recomendaciones que desde hace ya seis años se vienen haciendo desde el Consejo de Europa".
Así, en la misiva la asociación ha expuesto la situación actual del CGPJ y ha destacado que se encuentra pendiente de renovación desde finales de 2018. Una iniciativa que ha llevado a cabo después de ser la única asociación judicial que se muestra contraria a renovar este órgano mientras se mantenga el actual sistema de elección, es decir, que sean los partidos políticos los que designen los representantes de los jueces.
47 nombramientos de altos cargos
En este sentido, en un comunicado, FJI recuerda que el Consejo General del Poder Judicial está en funciones desde que en noviembre de 2018 --unos días antes de que se cumpliera el mandato, que concluyó el 4 de diciembre-- se frustrara el intento de renovación.
Ello ocurrió "al hacerse público el enésimo intercambio de cromos entre los dos partidos con posibilidad de gobernar", dice la asociación, después de que se diera a conocer que el candidato a sustituir a Carlos Lesmes en la Presidencia sería el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Una negociación que llevaron a cabo, por parte del PSOE, la exministra de Justicia Dolores Delgado y, por parte del PP, su antecesor en el cargo, Rafael Catalá.
La asociación destaca también que durante este tiempo en funciones, el CGPJ ha realizado 47 nombramientos de altos cargos que suscitan "desconfianza y falta de credibilidad" porque ha continuado "utilizando para ello un baremo, que el propio GRECO ya ha tenido la oportunidad de cuestionar entre otras razones por no utilizar criterios objetivos establecidos en la ley con la finalidad de eludir el trámite de audiencia de las asociaciones judiciales".
Por otro lado, apunta que este órgano, a propuesta de Lesmes, ha paralizado temporalmente los nombramientos de altos cargos judiciales hasta que sea renovado. Quedaron así congeladas tres plazas de magistrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "encargada del enjuiciamiento de los delitos cometidos por cargos políticos", indica FJI en su comunicado, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la de la Audiencia de Ourense.
Una decisión que se acordó el mismo día que el CGPJ se dividió a la hora de estudiar la idoneidad de Delgado como fiscal general del Estado, subrayan desde la asociación. La propuesta del Gobierno para que la exministra lidere el Ministerio Público "generó enorme controversia por afectar al principio de imparcialidad con el que debe conducirse al frente de la Fiscalía General del Estado y por el cúmulo de prevenciones legales que le impedirían intervenir en muchos procesos", agrega FJI.
Intento de cambio de sistema
Con todo ello, la asociación judicial recuerda al GRECO que en la anterior legislatura se intentó cambiar el sistema de elección de los vocales para que estos fueran designados por los miembros de la carrera judicial, tal y como llevan años reclamando las asociaciones de jueces. Sin embargo, esta iniciativa, que fue impulsada por el PP y por Ciudadanos, no prosperó porque la mayoría parlamentaria que ostentaba el PSOE impidió que se incluyera en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que devolvió la competencia exclusiva a los vocales.
Desde Foro Judicial Independiente manifiestan que "en dicho momento se llegó a tal punto máximo de desprestigio que a partir del mismo solo cabía reformar la ley siguiendo las recomendaciones del GRECO y de su último informe al respecto".
