La popularidad emergente de las criptomonedas no es ninguna novedad en nuestro país, por lo que no resulta sorprendente la materialización de su uso en el ámbito jurídico-penal, donde los implicados en actividades delictivas optan por el uso de la divisa para evadir a la justicia. Considerando en particular, la anonimidad y la dificultad para identificar y perseguir delitos relacionados con las criptomonedas, estas se convierten en un medio idóneo para delinquir, por lo que la justicia española ha tenido que adaptarse rápidamente a esta importancia. Los criptodelitos pueden clasificarse en los tipos de (i) estafa, (ii) extorsión, (iii) crimen organizado o (iv) blanqueo de capitales. Recientemente se ha dado a conocer que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) en colaboración con la Brigada Central de Investigación Tecnológica (B.C.I.T) de la Policía Judicial y la empresa Bit2Me consiguieron convertir una alta cifra de bitcoins a una cantidad equivalente en euros, necesarios satisfacer las sentencias judiciales.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos es un órgano de apoyo de la Administración de Justicia mediante el cual los juzgados cuentan con una forma rápida de ejecutar bienes independientemente de su liquidez, cuando han sido embargados o decomisados en un procedimiento judicial. De tal forma, se priva a quien comete un acto delictivo de conseguir el beneficio económico del mismo. Para ello la ORGA debe cumplir con la función de averiguar los datos patrimoniales y proceder a la gestión de bienes embargados, incautados o decomisados. La averiguación patrimonial frecuentemente se lleva cabo como resultado de una petición judicial.
La gestión de los bienes embargados o decomisados se hace con el objeto de conseguir el mayor beneficio y en todo caso depende del tipo de bien objeto del proceso. La ORGA actúa a instancia de un Juez, Tribunal o del Ministerio Fiscal dentro del ámbito de actividades delictivas propias del decomiso ampliado. Actualmente la Oficina cuenta en su haber con 88 millones de euros, a pesar de que no puede disponer de esta cantidad hasta que no finalicen los procedimientos judiciales correspondientes. Es decir, los fondos enajenados por la ORGA requieren en todo momento de la correspondiente autorización judicial para poder disponer de los saldos incautados. Para poder ejercer dichas funciones, la Oficina puede implementar la colaboración de cualquier entidad tanto pública como privada, estando obligada la misma a prestar el apoyo que sea necesario.
En el año 2013 España fue el primer país europeo en incautar bitcoins. Fue entonces cuando la justicia reconoció el hecho cada vez más frecuente de que los delincuentes vehicularicen sus operaciones por medios de criptoactivos. En este sentido la B.C.I.T se volvió pionera en el enfrentamiento de esta amenaza. La B.C.I.T desempeña la labor de investigación y persecución de actividades delictivas que impliquen la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y el ciberdelito de ámbito no solo nacional sino transnacional. La Brigada actúa de tal forma, como un centro de prevención y de respuesta al crimen en el espacio digital. Enfocándose en las nuevas formas de delincuencia, entre ellas la estafa y el fraude a través de Internet. Por lo cual, en el ejercicio de dichas funciones, su propósito es conseguir evidencia de este tipo de delitos, contando indudablemente, con el apoyo de las instituciones públicas y privadas necesarias.
Algunas empresas -como Bit2Me- funcionan como una plataforma digital, de compra y venta de criptomonedas, destacando su facilidad y rapidez. Para clientes de este tipo de plataformas, que optan por un mercado libre de regulación, en contraste con el mercado financiero convencional, la cooperación entre empresas con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puede resultar alarmante. No obstante, este fue el caso, donde recientemente la cooperación público-privada facilitó la conversión de los criptoactivos en euros para ser usados por la ORGA. Las empresas del sector cada vez reconocen más la importancia de afrontar la evasión de pago a través de criptomonedas y crear sistemas rigurosos para contrarrestar sus efectos. Mediante la cooperación con la ORGA y la B.C.I.T se ha conseguido satisfacer indemnizaciones en favor de las víctimas, reafirmando de esta forma su compromiso con la lucha contra los ciberdelitos.
Las empresas FinTech afrontan actualmente los desafíos generados en cuanto a los delitos en el espacio ciber. Su nuevo objetivo es remodelar los procedimientos necesarios de cumplimiento para continuar potenciando la innovación sin dejar a un lado sus obligaciones legales. La vulnerabilidad de este sector, en particular, se materializa en su mayor fortaleza, la inmediatez. A diferencia de otros ámbitos de transacciones, el tiempo de respuesta de las FinTechs es sin espera para garantizar una experiencia fluida para el cliente. A comparación, por ejemplo, de las transacciones bancarias tradicionales que tienen controles rígidos. Creando todo esto vacíos de vulnerabilidad donde es más fácil delinquir, particularmente para los expertos en estas tecnologías. Con la velocidad con la que ha evolucionado el sistema financiero digital, es cada vez más difícil adelantarse a las nuevas modalidades delictivas, por lo que se vuelve inevitable la colaboración con el sector público para hacer frente al fraude y a los ciberdelincuentes.
La Ley para la transformación digital del sistema financiero con medidas de acompañamiento, aprobada en el 2020 es un ejemplo de esta coordinación. La nueva ley intenta encontrar un balance entre las necesidades de innovación en el sector financiero y las actividades de supervisión y protección de clientes. Por su parte, enfatiza la importancia de que las autoridades públicas cooperen entre sí para garantizar que la transformación digital en el sistema financiero se desarrolle con todas las garantías, asegurando así la estabilidad financiera y la protección de los clientes. Todo esto, desarrollado dentro de un entorno seguro de pruebas, popularmente conocido como el sandboxing regulatorio.
De esta forma, la normativa pretende dotar al sistema financiero de instrumentos que fomentan la seguridad de quienes participan en la innovación financiera, así como ajustar las iniciativas FinTech a la regulación española. Traer lo mejor de ambos sectores proporciona para el cliente una experiencia más segura. No obstante, la colaboración entre lo público y lo privado supone un gran beneficio también, para quienes han sido víctimas de ciberdelitos.
A través del esfuerzo y la colaboración entre la ORGA, la B.C.I.T y empresas del sector como Bit2Me es un claro ejemplo de la colaboración público-privada pudiendo llegar a producir importantes beneficios para el sector cripto. Los recursos incautados en operaciones policiales ya se han destinado no solo a indemnizar a las víctimas sino también a financiar proyectos cuyo objetivo es la lucha contra el criminen organizado, con la aspiración de que cada día sean menos los casos de ciberdelincuencia.
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