Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, Luis Planas ha asegurado que el Gobierno trabaja por el futuro de agricultores, ganaderos y pescadores españoles, con determinación, convencimiento y compromiso, ya que sin el campo y sin el mar, las ciudades no podrían existir.
Antes de desgranar las líneas de actuación del Gobierno para los próximos cuatro años, el ministro ha analizado la actual situación del campo, destacando que, en gran parte, se trata de problemas estructurales que no son de fácil ni rápida solución.
Entre los principales problemas que afectan al sector, Planas ha señalado la erosión de los márgenes de agricultores y ganaderos, la atomización de la oferta que debilita su poder de negociación, la delicada situación de determinados sectores (en especial el oleícola y el hortofrutícola), problemas en el comercio internacional (mayor competencia internacional, veto ruso, brexit o los aranceles de Estados Unidos) y los fenómenos atmosféricos asociados al cambio climático.
Medidas frente a las crisis del sector
Ante esta situación de pérdida de rentabilidad de las explotaciones agroganaderas, y de calidad de vida de los productores, en la que confluyen tanto aspectos coyunturales como estructurales, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones consensuadas, a través de un ejercicio de transparencia y diálogo con los diferentes actores, tanto institucionales como del propio sector.
El ministerio ha constituido, a instancias del presidente del Gobierno, la Mesa de Diálogo Agrario con las organizaciones profesionales agrarias, ya que "el diálogo y la acción son las principales líneas de este Gobierno". También se ha reactivado el Observatorio de la Cadena Alimentaria para relanzar los estudios, que dejaron de realizarse en 2014, sobre la formación de los precios de los productos e impulsar un reparto más justo del valor.
Entre las principales medidas que se van a acometer se encuentra la inmediata modificación de la ley de la cadena alimentaria, cuyo proyecto se presentará en Consejo de Ministros, para evitar la banalización de los productos agrarios, prohibir las prácticas de competencia desleal, así como reforzar los contratos escritos, en los que será obligatorio incluir los costes efectivos de producción, para dar garantía y fiabilidad a la valorización de su trabajo. En definitiva, el proyecto dará una respuesta ajustada a las necesidades de la cadena y favorecer que las explotaciones resulten rentables "para que tengan presente y futuro".
Además, aprovechando la oportunidad que ofrece la transposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales (DPCD), el Gobierno ampliará su ámbito de aplicación e incluirá en la parte dispositiva de la Ley de la cadena alimentaria parte del Código de Buenas Prácticas para hacerlos obligatorios.
En el ámbito legislativo, Planas ha apuntado que se introducirán cambios en la ley de organizaciones interprofesionales, para que puedan desarrollar más funciones y mejorar su funcionamiento. El impulso de las organizaciones interprofesionales tiene especial interés en sectores como el de los cítricos o la fruta de hueso, para que puedan realizar prácticas orientativas de producción en función de la demanda. También se regulará el reconocimiento de asociaciones y organizaciones de productores en los sectores que, hasta ahora, no contaban con ello.
Para contribuir también a mejorar la rentabilidad de los productores, el Gobierno tiene previsto incrementar la partida destinada a seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Retos de futuro
De cara al futuro, el ministro Planas ha asegurado que el Gobierno abordará las profundas transformaciones que el sector agrícola, ganadero, pesquero y alimentario debe acometer, en especial, la incorporación de la innovación y la digitalización.
En esta tarea, Planas ha identificado seis señas de identidad de su Departamento para esta legislatura: el diálogo y el consenso; reforzar el protagonismo de jóvenes y mujeres; la defensa de un modelo de explotación familiar y profesional; la búsqueda de la rentabilidad de las explotaciones; el liderazgo de nuestro sistema agroalimentario y pesquero, basado en criterios de calidad y sostenibilidad; y la innovación, la transferencia del conocimiento y la incorporación de las nuevas tecnologías.
El ministro considera que la Política Agraria Común (PAC) es una herramienta fundamental para impulsar esta renovación. Por eso, el Gobierno defiende una PAC con una dotación presupuestaria suficiente, que garantice la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras.
A lo largo de 2019, el Ministerio ha mantenido un diálogo abierto con la sociedad para elaborar el análisis de las necesidades del sector agroalimentario, a partir del cual definir las medidas concretas y elaborar el Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la PAC en España, que el Gobierno espera tener preparado en el primer trimestre de 2021 y ser uno de los primeros Estados miembros en presentarlo. Después se elaborará la legislación nacional que permita comenzar a aplicar este plan a partir de 2022.
El nuevo marco político europeo también supondrá demandas en materia de sanidad animal y vegetal. "Seremos proactivos", según el ministro que ha apuntado que es clave prevenir la propagación de plagas y enfermedades de los vegetales para lo que pondrá en funcionamiento un nuevo modelo de control fitosanitario en frontera.
El ministro ha señalado el compromiso de consolidar una política de regadíos e infraestructuras rurales sostenible, respetuosa con el medio ambiente y con el uso eficiente de los recursos naturales. Se trata de una herramienta clave en la generación de valor añadido, rentabilidad y empleos de calidad.
También ha señalado que la actual ley de representatividad agraria no responde a la situación actual y es necesario iniciar una reflexión para proceder a la aprobación de un nuevo texto legal.
Planas también ha incidido en la necesidad de combatir la excesiva atomización de la oferta. Para ello, es intención del Gobierno abordar la modificación de la ley de integración cooperativa, con un amplio debate sobre el papel del modelo cooperativo en España.
De igual forma, se van a promover cambios en la legislación comunitaria para que el etiquetado incluya con más detalle el origen de los productos, con el objetivo de que los ciudadanos tengan mayor información en sus decisiones de compra. También se va a reforzar el seguimiento para que todos los productos importados cumplan con las exigencias legales comunitarias, y para que compitan en igualdad de condiciones con los productos agrarios europeos.
En materia de desarrollo rural, se llevará a cabo un paquete de reformas legislativas, en el contexto de la elaboración de una nueva Ley Básica de Agricultura. Así se revisarán leyes como la de titularidad compartida y la de modernización de explotaciones para adaptarlas a las necesidades reales del sector y de las personas que lo conforman.
Sector pesquero
Por otra parte, Planas ha resaltado la importancia que tiene el sector pesquero para amplias zonas de España, un sector que "merece atención y cuidado" para garantizar su rentabilidad y que el "duro trabajo" que realicen los pescadores sea reconocido socialmente.
En este sentido, Planas ha indicado que los avances logrados en la anterior legislatura (renovación acuerdos pesqueros con terceros países, plena aplicación de la obligación de desembarque, o la consecución del Rendimiento Máximo Sostenible en la mayor parte de especies comerciales, entre otros) van a servir de base para impulsar medidas de desarrollo sostenible de este sector en sus dimensiones económica, social y medioambiental.
El ministro ha recalcado que la pesca sostenible es una herramienta esencial para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para la conservación de mares y océanos, así como para la erradicación del hambre en el mundo.
Según ha reiterado, este sector ha realizado un gran esfuerzo para adaptarse a una estricta normativa, por lo que merece un mayor reconocimiento social y mejoras en sus condiciones de seguridad y bienestar en el trabajo, así como oportunidades formativas que permitan aprovechar los avances asociados a la digitalización.
