
La norma, impulsada por la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030, prohibía continuar con el régimen de visitas a sus hijos a los condenadas por esta lacra.
Ahora, a través de una enmienda, quieren que siempre que se dicte una orden de protección, con medidas de contenido penal, respecto del inculpado por violencia de género y existieran indicios fundados de que los propios hijos "hubieran presenciado, sufrido o convivido con dicha violencia", se suspenda el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado con los menores.
Esta iniciativa ha sido pactada por los dos partidos en el Gobierno y deberá ser respaldada por la mayoría del Parlamento para su inclusión en el texto definitivo.

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