El encuentro se celebrará a las 12.00 horas en el Ministerio y se producirá después de que los agentes sociales recibieran el pasado viernes el texto elaborado por el Departamento que dirige Yolanda Díaz sobre la reducción de la jornada laboral, iniciativa que va acompañada de una reforma del registro horario para garantizar que las empresas cumplen los límites legales sobre el tiempo de trabajo.
Según el borrador, al que tenido acceso Europa Press, Trabajo quiere multar con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025.
Nuevo registro horario: digital y de acceso remoto para la inspección
El texto enviado a sindicatos y empresarios fija como objetivo principal la reducción de la jornada semanal (en promedio anual) de 40 a 38,5 horas durante 2024 y a 37,5 horas el 1 de enero de 2025.
Pero también introduce cambios en el registro de jornada que se implantó en las empresas para garantizar que realmente sea eficaz. "Presidido por los principios de objetividad, fiabilidad y accesibilidad e interoperatividad", la intención de Trabajo es impedir que se puedan falsear los asientos del registro y que las empresas cumplan, de verdad, con los nuevos límites legales de la jornada.
Este nuevo registro será digital y accesible, de modo automático, para cada trabajador, los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En estos dos últimos casos deberá, además, ser accesible de forma remota. La empresa tendrá que conservar los registros durante cuatro años y éstos estarán a disposición de trabajadores, sindicatos e Inspección.
El borrador de Trabajo remite a un reglamento, que prevé aprobar en el plazo de seis meses, para el desarrollo de los contenidos legales del registro, y establece que la concreción sobre el funcionamiento del mismo se fijará mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, por decisión del empresario previa información y consulta con los representantes sindicales.
La totalidad del periodo transcurrido entre el inicio y la finalización de la jornada reflejados en el registro será considerado tiempo de trabajo efectivo. El tiempo que exceda de la jornada ordinaria que resulte de aplicación, tendrá la consideración, según proceda, de horas extraordinarias o complementarias.
El Ministerio atribuye la carga de la prueba a las empresas en caso de incumplimiento de las obligaciones de registro. En caso de incumplimiento respecto de trabajadores a tiempo parcial, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.
Contratos a tiempo parcial
En el documento de Trabajo no se contempla intercambiar jornada ordinaria por jornada extraordinaria, es decir, un aumento de las horas extraordinarias para compensar la rebaja de la jornada ordinaria. Este punto ya lo había avanzado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que descartó "tajantemente" este intercambio, aunque cree que es posible que alguien (previsiblemente los empresarios) lo ponga sobre la mesa.
Según el borrador, los contratos a tiempo parcial con una prestación de trabajo de duración igual o superior a 38,5 horas semanales en 2024 o 37,5 horas en 2025 se convertirán automáticamente en contratos de trabajo a tiempo completo.
En supuestos distintos, Trabajo establece que los trabajadores a tiempo parcial tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma que regula la reducción de jornada. Asimismo, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario, según proceda.
Asimismo, el texto contempla que los trabajadores con jornada reducida tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de esta norma, con los mismos efectos salariales que los previstos para los contratados a tiempo parcial.
Se establece además que seguirán siendo de aplicación transitoria los umbrales legales exigibles a las reducciones de jornada en el momento de su inicio y hasta que decaigan tales reducciones, con el límite absoluto del 31 de diciembre de 2025.
Además, según el borrador, el trabajador tendrá derecho a solicitar que el porcentaje de parcialidad o de reducción de la jornada que se le venía a aplicando se mantenga respecto de la nueva jornada en vigor. Con carácter general, estas solicitudes deberán ser valoradas por la empresa y su denegación deberá ser notificada por la empresa al trabajador "por escrito y de manera motivada".
Mesa de diálogo social
Previa consulta a sindicatos y empresarios, el Gobierno señala en el texto que procederá en el plazo de 18 meses a revisar la normativa sobre jornadas especiales de trabajo para adecuar las ampliaciones y limitaciones en la ordenación y en la duración de la jornada de trabajo a la nueva jornada máxima legal.
Se establece también en el documento la creación, por parte del Ejecutivo, de una mesa de diálogo social para evaluar los resultados de la reducción de jornada "y seguir avanzando en la reducción de la duración máxima de la jornada legal ordinaria de trabajo, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas".
