El objetivo de la proposición de ley, según su exposición de motivos, es el de "blindar la ley -Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual- en favor de las víctimas y evitar el efecto no deseado de una posible aplicación de las penas mínimas de los nuevos marcos penales, que son más amplios, para que en casos graves no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas".
Esta iniciativa legislativa modifica tres leyes, en concreto la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, en lo que atañe a delitos contra la libertad sexual; la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores; todas ellas modificadas con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
El texto contiene un artículo único, cuatro disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales. El artículo único incluye modificaciones de diferentes apartados de los artículos 178, 179, 180 y 181 del Código Penal, que están ubicados dentro del título referido a delitos contra la libertad sexual. Especialmente, en lo que atañe a la duración de las penas privativas de libertad.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se produce con la disposición final primera, que da una nueva redacción al apartado tercero del artículo 14. Y, en el caso de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, lo hace en el apartado 2 del artículo 10 ley, a través de la disposición final segunda, que añade diferentes medidas de impedimento de contacto con la víctima por parte de la persona agresora cuando se produzcan los supuestos contemplados en el texto.
