Insostenibilidad de la pretensión en los procedimientos de derecho de reunión y manifestación

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La L 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita -EDL 1996/13683-, articula un mecanismo que permite al abogado rechazar el asunto que le ha sido designado cuando considera que la pretensión es insostenible.

El Tribunal Constitucional ha señalado que la denegación del beneficio de asistencia jurídica gratuita por insostenibilidad de la pretensión no supone per se una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art.24 CE -EDL 1978/3879 -sentencias 12/1998 -EDJ 1998/12-, 95/2003 -EDJ 2003/10439 y 7/2008 -EDJ 2008/2633-, entre otras-.

Como dice el Tribunal Constitucional al respecto, «el requisito de la sostenibilidad de la pretensión ha sido considerado por este Tribunal como dotado de una finalidad constitucional legítima, razonable y proporcionada, de manera que la denegación del beneficio de justicia gratuita por insostenibilidad de aquélla tiende, ante todo, a asegurar que el esfuerzo social colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal beneficio por parte de los ciudadanos más desfavorecidos económicamente no vaya a parar a la defensa de pretensiones que, por absurdas o descabelladas, no resulten merecedoras de ser sufragadas con dinero público persiguiendo, además, la finalidad de evitar el ejercicio abusivo o temerario del derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de pretensiones manifiestamente abocadas al fracaso» -STC 12/1998, de 15 enero -EDJ 1998/12--.

Igualmente, se ha subrayado que «la asistencia letrada, además de objeto de un derecho fundamental de la persona, debe cumplir -en el marco de la deontología profesional una función de filtro de aquellas pretensiones o recursos que pretendan entablarse con manifiesta falta de fundamento. Por ello, el hecho de que concretamente a los Letrados designados de oficio se les permita juzgar preliminarmente un asunto como improcedente puede ser entendido sin duda como una manera de no forzar a un Letrado a defender una postura que no cree correcta pero, además, cumple, del mismo modo que lo puede hacer cualquier Letrado, una función preventiva frente a abusos de la justicia» -STC 12/1993, de 18 enero -EDJ 1993/179--.

Para ello se articula en la citada Ley de Asistencia Jurídica Gratuita un procedimiento -art.32 y siguientes dirigido a verificar la corrección de esta decisión, recabando informes del Colegio de Abogados y del Ministerio Fiscal. Evidentemente, la solicitud y elaboración de tales informes, previos a la decisión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, excede de los breves plazos que se prevén en el art.122 LJCA -EDL 1998/44323 para la interposición del recurso.

Si nos ajustáramos literalmente a lo dispuesto en la LAJG, el recurso no podría tramitarse hasta que la cuestión sobre la sostenibilidad de la pretensión fuera resuelta por la Comisión, momento en el cual el recurso, transcurridos los plazos tan perentorios que legalmente se establecen, carecería de objeto.

Por ello, y con la finalidad de salvaguardar el derecho de reunión y manifestación del art.21 del recurrente, pero también el derecho a la tutela judicial efectiva del art.24.1 en cuanto acceso al proceso judicial, la solución más adecuada sería la de obligar al Letrado a sostener la pretensión, al menos hasta que la Comisión pudiera pronunciarse sobre la sostenibilidad de aquélla.

La posibilidad de rechazar la defensa de la pretensión no queda nunca en manos del Letrado, sino que es un órgano que cuenta con una adecuada cualificación técnica -la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, cuya composición se regula en el art.10 de la Ley el que, tras la solicitud de los correspondientes informes, resuelve al respecto, resolución que también es revisable jurisdiccionalmente.

Ésta sería, por lo tanto, la decisión más razonable y proporcionada, en aras a garantizar el derecho de acceso a la justicia del recurrente en un ámbito, además, en el que se ventila la protección de un derecho fundamental como es el de reunión. No existe incompatibilidad entre ambos derechos, sino más bien la protección de uno trae consigo la del otro.

Con carácter previo debemos recordar que el art.32 L 1/96 de ...

Con carácter previo debemos recordar que el art.32 L 1/96 de 10 enero de Asistencia Jurídica Gratuita -EDL 1996/13683 dispone que cuando el abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para evaluar la pretensión, éste queda obligado a asumir la defensa, añadiendo el artículo siguiente que, formulada la insostenibilidad de la pretensión, la Comisión recabará del Colegio de Abogados un dictamen sobre su viabilidad que deberá emitirse en el plazo de 15 días y que, asimismo, se solicitará , informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado designado , que se emitirá en el plazo de seis días. Y de acuerdo con el art.34 de la misma disposición legal, si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión, se procederá al nombramiento de un segundo abogado para quien será obligatoria la defensa y si, por el contrario, el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la pretensión, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará la solicitud de asistencia jurídica gratuita.

No obstante, lo expuesto, la citada ley en sus art.29 y 32 declara que será obligatoria la defensa del acusado o imputado desde el mismo momento de la detención, sin contemplar esta obligatoriedad inicial para ningún otro supuesto.

El Tribunal Constitucional ha destacado la relevancia de la sostenibilidad de la pretensión al considerar que se trata de un requisito dotado de una finalidad constitucional legítima, razonable y proporcionada, de manera que la denegación del beneficio de justicia gratuita por insostenibilidad de aquélla tiende, ante todo, a asegurar que el esfuerzo social colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal beneficio por parte de los ciudadanos más desfavorecidos económicamente no vaya a parar a la defensa de pretensiones que, por absurdas o descabelladas, no resulten merecedoras de ser sufragadas con dinero público persiguiendo, además, la finalidad de evitar el ejercicio abusivo o temerario del derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de pretensiones manifiestamente abocadas al fracaso -STC 12/1998 de Tribunal Constitucional, Pleno, 15 de enero de 1998 -EDJ 1998/12 y STC 182/2002, de 14 octubre -EDJ 2002/41201 -BOE núm. 271, de 12 de noviembre de 2002-.

Así las cosas, resulta legal y constitucionalmente admisible que el letrado designado de oficio suscite la insostenibilidad de la pretensión en el marco de un procedimiento especial para la protección del derecho de reunión.

Pues bien, dicho lo anterior, resulta que el art.22 LJCA -EDL 1998/44323-, regula el procedimiento especial para la protección del derecho de reunión, disponiendo que:

&ldquo1. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores, éstos podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondrá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación, trasladándose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que ésta remita inmediatamente el expediente.

2. El Tribunal, en el plazo improrrogable de cuatro días, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso.

3. La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o las modificaciones propuestas.

Debemos también poner de manifiesto que, de acuerdo con el art.31 L 1/200, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil -LEC -EDL 2000/77463-, -aplicable con carácter supletorio en la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al art.4 LEC -EDL 1881/1-, &ldquolos litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado&rdquo, con las únicas excepciones previstas en el mismo precepto, entre las que no se encuentra el procedimiento especial para la protección del derecho de reunión. Por tanto, quienes decidan interponer un recurso contencioso administrativo por el procedimiento regulado en el art.122 LJCA -EDL 1998/44323 deberán comparecer mediante procurador y asistidos de letrado y, en el caso de reunir los requisitos legalmente exigidos, podrán solicitar la asistencia jurídica gratuita regulada por L 1/96 de 1 enero 1996 -EDL 1996/13683 y su Reglamento, aprobado por RD 996/2003, de 25 julio -EDL 2003/47058-.

Ahora bien, en este último caso, si el letrado primeramente designado plantea la insostenibilidad de la pretensión conforme al art.32 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -EDL 1996/13683-, la brevedad de los plazos establecidos en el art.122 LJCA -EDL 1998/44323 puede hacer imposible que obtengan respuesta a su solicitud, -ya sea de reconocimiento del derecho con el consiguiente nombramiento de letrado, o bien denegatoria de prosperar el incidente de insostenibilidad-, a tiempo de poder ejercitar la pretensión de tutela del derecho de reunión, en cuyo caso se estaría vulnerando tanto su derecho a la asistencia letrada, en su modalidad de asistencia jurídica gratuita, como su derecho a la tutela judicial efectiva del derecho de reunión.

Esta situación indeseable, provocada por la falta de armonía entre los plazos previstos en el art.32 L 1/96 -EDL 1996/13683 y los contemplados en el art.122 LJCA -EDL 1998/44323 debería ser remediada mediante una reforma de la primera, ya sea para adaptar los plazos de tramitación del incidente de insostenibilidad y hacerlos compatibles con los previstos en el procedimiento regulado en el art.122 LJCA, ya sea para para garantizar de cualquier otro modo la asistencia letrada del promotor de la reunión prohibida o modificada en el procedimiento regulado en el art.122 LJCA.

En cualquier caso, en tanto esta reforma legal no se materialice, deberán ser los Tribunales quienes ofrezcan una respuesta en estos supuestos.

A estos efectos, no podemos olvidar que, conforme a la doctrina constitucional contenida en la ya citada STC 182/2002, de 14 octubre -EDJ 2002/41201 -BOE núm. 271, de 12 noviembre 2002-, el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art.24 CE -EDL 1978/3879 comprende fundamentalmente el derecho de acceso a la jurisdicción para obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y que la gratuidad de la justicia recogida en el art.119, en los casos y en la forma en los que el legislador determine, se configura como un derecho de carácter instrumental respecto del derecho de acceso a la jurisdicción reconocido en el art.24.1 CE.

Así las cosas, en mi opinión, la incompatibilidad entre los plazos del art.32 de la ley de asistencia jurídica gratuita -EDL 1996/13683 con los del art.122 LJCA -EDL 1998/44323 no puede convertirse en un obstáculo insalvable para que no se satisfaga el derecho a la tutela judicial efectiva por lo que deberá priorizarse que el promotor de la reunión prohibida o modificada pueda obtener una respuesta del Tribunal fundada en derecho. Para ello, entre otras posibles soluciones, podría admitirse el escrito de interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo sin firma de letrado y permitirse la asistencia del recurrente a la comparecencia prevista en el art.122, dispensándole, por razones extraordinarias derivadas de la aplicación de la ley, de la exigencia de la asistencia letrada, siempre que acredite cumplidamente ante la Sala: 1 Que ha solicitado la asistencia jurídica gratuita por carecer de recursos para litigar y, 2 Que el abogado designado a tal efecto ha planteado incidente de insostenibilidad de la pretensión que se quiere ejercitar y que, por razón de los plazos para su tramitación, no será posible contar con Abogado a tiempo de poder ejercitar su pretensión en el procedimiento especial para la protección del derecho de reunión.

Tal y como se pone de manifiesto en la formulación de la preg...

Tal y como se pone de manifiesto en la formulación de la pregunta, el problema que se suscita no es de subsunción sino de ponderación.

El art.32 L 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita -EDL 1996/13683-, efectúa esa ponderación entre derechos en conflicto para un determinado tipo de supuestos: la defensa del acusado y del imputado en el procedimiento penal. En estos casos es la propia Ley la que realiza ese juicio de ponderación y determina que el derecho de defensa y el derecho a la asistencia letrada son preferentes y deben prevalecer.

Sin embargo, además del procedimiento penal, existen otros supuestos en los que también puede plantearse la cuestión de qué derechos, bienes o intereses jurídicos deben ser antepuestos cuando por el Abogado designado se sostiene la insostenibilidad de la pretensión en el ámbito de un determinado proceso. Por ejemplo, en el caso que aquí se nos plantea, en que la tutela preferente del derecho de reunión puede quedar comprometida por la necesidad de tramitar el incidente regulado en los art.32 a 35 L 1/1996, de 10 enero, de asistencia jurídica gratuita -EDL 1996/13683-.

En estos casos, no es la Ley la que ofrece una guía segura y cierta sobre cómo proceder, por lo que deben ser los Tribunales los que colmen esa laguna, ponderando qué concreto derecho debe prevalecer y de qué forma.

Vaya por delante que la insostenibilidad de la pretensión en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita persigue fines legítimos y que, en consonancia con ello, la cuestión no siempre debe resolverse a favor de un inmediato pronunciamiento de fondo sobre la tutela del derecho de reunión.

Acerca de esos fines legítimos a que responde la institución de la insostenibilidad de la pretensión, el Tribunal Constitucional ha declarado, entre otras en la sentencia 85/2020, de 20 julio -EDJ 2020/617183-, que &ldquono supone en sí misma infracción alguna del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la denegación de dicho derecho tiende, ante todo, a asegurar el esfuerzo social colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal derecho reconocido en el art.119 CE -EDL 1978/3879-, evitando el ejercicio abusivo o temerario del derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de pretensiones manifiestamente abocadas al fracaso&rdquo.

Pretensiones manifiestamente abocadas al fracaso que también pueden suscitarse en el ámbito del procedimiento especial que nos ocupa, por lo que en este contexto la insostenibilidad de la pretensión tiene y mantiene el sentido y la finalidad que le son propios.

Una primera vía, casi preliminar o previa, puede ser la ofrecida por el art.11.2 LO 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial -EDL 1985/8754-, en cuanto prevé que &ldquoLos Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal&rdquo. Si bien la competencia para resolver el incidente previsto en los art.32 a 35 no está residenciada en los Juzgados y Tribunales, la disposición anterior sí concede a los órganos jurisdiccionales un control sobre todo tipo de peticiones, incidentes y excepciones que se formulen en el ámbito del proceso a fin de evitar el abuso de derecho, el fraude de ley y el fraude procesal. Si el Tribunal estima que la insostenibilidad de la pretensión esgrimida por el Abogado designado puede encajar en esos parámetros, la defensa obligatoria debe ser la consecuencia necesaria en estos supuestos.

Una segunda vía de solución puede ser la de traer a este ámbito la misma solución dada por el legislador cuando el conflicto se suscita en la vía penal y estimar que la defensa del recurrente resulta siempre obligatoria. Ello plantea evidentes problemas interpretativos pues en definitiva se trata de interpretar el silencio del legislador en un sentido u otro. Cualquier solución apriorística destinada a dirimir estos conflictos puede resultar insatisfactoria, pues tanto pronunciarse sobre el fondo de la tutela del derecho de reunión como dejar de efectuar ese pronunciamiento implican o pueden implicar la preterición de otros derechos fundamentales implicados en la decisión. Por otra parte, aunque se opte por la primera de las soluciones, surgen inmediatamente las cuestiones acerca de cómo y de qué forma deben cumplirse las fases alegatoria y probatoria o, en otras palabras, cómo deben integrarse los trámites esenciales del procedimiento cuando uno de los actores principales del proceso entiende y considera que la pretensión resulta insostenible.

Otra posible solución puede ser la de conceder un trámite audiencia al recurrente y plantearle qué derecho estima que debe ser protegido con carácter preferente, si el de obtener un pronunciamiento de fondo sobre la tutela del derecho de reunión o el de ser asistido eventualmente por un segundo Abogado conforme a lo previsto en el art.34 L 1/1996, de 10 enero, de asistencia jurídica gratuita -EDL 1996/13683-. Su respuesta a esta cuestión, aunque no sea necesariamente determinante de la decisión a adoptar, puede ofrecer algo de luz para interpretar y dirimir con más acierto el conflicto suscitado.

Una última vía de solución puede ofrecerla la justicia cautelar. Ahora bien, no deja de ser una vía de solución problemática. Por una parte, porque este tipo de procedimientos está estructuralmente ordenado a fin de obtener un pronunciamiento de fondo y obtenerlo, además, de modo preferente. Así las cosas, las medidas cautelares son extrañas a este ámbito y suponen o presuponen una cierta anomalía. Por otra parte, porque en este ámbito la tutela cautelar puede llegar a confundirse con la tutela definitiva, alterando así la finalidad propia de aquella, ya que la realidad extraprocesal y su tiempo se impondrán necesariamente a los propios del proceso y a los del incidente sobre la insostenibilidad de la pretensión. Finalmente, porque para materializar la pretensión cautelar será también necesario el concurso del Abogado designado y ello puede entrar en colisión con la insostenibilidad de la pretensión esgrimida por el mismo. A propósito de esta última objeción podría invocarse supletoriamente la posibilidad prevista en el art.31.2. 2º L 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463-, de excepcionar la intervención preceptiva de Abogado cuando se trate de solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio.

Lo hasta aquí expuesto, en mi opinión, sirve para ilustrar que, ante este tipo de conflictos, no existen soluciones óptimas en las que todos los derechos en juego reciban la máxima protección. Unos u otros deberán sacrificarse y la cuestión que surge entonces es la de dirimir en qué forma y con qué grado debe efectuarse ese balance. La prudencia y el buen criterio judicial en la ponderación de los derechos en conflicto, en tanto el legislador no ofrezca una respuesta a este tipo de conflictos, habrán de ofrecer la solución.