Josep María Barcelona: "Una residencia no es un centro sanitario, es un centro de servicios sociales y no está preparado, porque así lo establece la normativa, para actuar como centro sanitario"
Entrevista a Josep María Barcelona, responsable del departamento asistencial del Bufete Escura
La gestión de las residencias durante la contingencia del coronavirus y la situación que viven las residencias de mayores son dos temas que están provocando gran preocupación entre los ciudadanos. Entrevistamos a Josep María Barcelona, responsable del departamento asistencial del Bufete Escura para que nos facilite su visión sobre este asunto.
- Con la crisis sanitaria del coronavirus, las residencias están siendo señaladas por la gestión que están realizando. ¿Qué opinión le merece?
En efecto, en diversos medios de comunicación han aparecido noticias en ese sentido. Sin embargo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una residencia no es un centro sanitario, es un centro de servicios sociales y no está preparado, porque así lo establece la normativa, para actuar como centro sanitario. Pese a ello, durante esta crisis sanitaria, las autoridades sanitarias no han permitido derivar residentes afectados por coronavirus a los hospitales, para evitar el colapso de estos últimos. En consecuencia, los centros residenciales han tenido que afrontar esta crisis, de carácter extraordinario, sin los medios necesarios (Epis), sin la posibilidad de adquirirlos en el mercado y sin que las administraciones se los pudiesen facilitar, debido al desabastecimiento tras declararse la pandemia, sin poder efectuar test masivos y, sobre todo, con bajas entre el personal a consecuencia del propio coronavirus. Si bien se han podido cometer errores en algunos centros, en modo alguno se puede cuestionar la labor de todo el sector residencial.
Si hubiese sido posible derivar a los hospitales a todos los usuarios con síntomas de coronavirus, la situación hubiese sido muy diferente, pero lo cierto es que no ha sido posible y no por voluntad de los propios centros residenciales.
- Las propias residencias también están viendo dañada su imagen con motivo de las últimas noticias publicadas ¿podrían interponer demanda a causa de este motivo?
Todo aquél que se considere perjudicado por la actuación de un tercero, tiene derecho a interponer la correspondiente reclamación y en su caso, obtener una indemnización que compense los daños y perjuicios que ha sufrido. Los centros residenciales, también pueden hacerlo, tanto contra medios de comunicación, como contra cualquiera que con sus acciones u omisiones les haya causado un perjuicio que no tenga el deber legal de soportar.
- ¿Quién puede ordenar el cierre de una residencia pública o privada por sus malas prácticas?
La competencia para inspeccionar los centros residenciales y en su caso, acordar el cierre de los mismos, previa tramitación del correspondiente procedimiento administrativo, corresponde a los Departamento o Consejerías competentes en materia de servicios sociales de las diferentes Comunidades Autónomas.
- Según algunos medios de comunicación, ha habido trabajadores de residencias que conocían la mala praxis de la dirección del centro, pero que por miedo a ser despedidos (en muchos casos han sido despedidos) no han denunciado lo qué sucedía y siguieron las directrices de la gerencia. ¿Estos trabajadores pueden ser denunciados directamente? Y en el caso de que el trabajador denuncie el maltrato que realiza el Centro a sus residentes, si denuncia estos hechos a los familiares, ¿se estaría incumpliendo con la protección de datos?
Repito que se pueden haber cometido errores puntuales, como sucede en cualquier sector o actividad, pero estoy convencido de que la dirección de un centro residencial, no obliga ni fomenta que los trabajadores no cumplan con sus obligaciones. La prioridad de la dirección de los centros, como no podía ser de otra manera, es el bienestar de sus usuarios. Un trabajador de una residencia también puede ser denunciado a título personal, si el denunciante le considera el responsable del daño o perjuicio que ha sufrido. Por otro lado, todo trabajador tiene un deber de lealtad con el empresario, ya que así lo establece la normativa laboral bajo el principio de la buena fe contractual que tiene que regir entre ambas partes, pero ello en ningún caso significa que tenga que cometer actos ilícitos. Además, a todos los trabajadores se les exige un deber de confidencialidad respecto a la información a la que tienen acceso (protección de datos), sin perjuicio de su obligación de denunciar ante la autoridad competente la comisión de un ilícito penal, como cualquier otro ciudadano.
- Se están produciendo investigaciones desde la Fiscalía General del Estado, ¿la Administración de Justicia tomará esta situación como punto de partida para inspeccionar de forma regular las residencias y así proteger a sus residentes y trabajadores?
Tal como he dicho, la competencia para inspeccionar de forma regular los centros residenciales no corresponde a la Administración de Justicia, sino a los servicios de inspección en materia de servicios sociales de las diferentes Comunidades Autónomas. La fiscalía sólo actúa en casos puntuales, en los que se pudiera haber cometido un ilícito penal, pero las responsabilidades administrativas las depuran los servicios de inspección competentes de las Comunidades Autónomas, y si consideran que existe relevancia penal, lo denuncian a la fiscalía. Los servicios de inspección de las Comunidades Autónomas ya inspeccionan de forma regular las residencias, por lo que, a mi juicio, no hay, ni ha habido un problema de falta de inspección.
Por último, cabe señalar que, según los propios medios de comunicación, en estos momentos la fiscalía está investigando alrededor de 86 residencias, y actualmente en España, hay 5.457 centros. Como ya he mencionado al principio de esta entrevista, si bien se han podido cometer errores en algún centro, sería profundamente injusto poner en entredicho la labor de todo el sector residencial, y más aún, en una situación de carácter extraordinario como la que estamos viviendo estos días a nivel mundial. Serán los juzgados quienes determinarán si ha existido responsabilidad penal o no, de aquellos centros cuyos expedientes finalmente no sean archivados por la fiscalía.