En opinión de la asociación este cambio legislativo otorga una indudable ventaja a aquellos miembros de la judicatura que hayan ocupado cargos políticos frente a otros que se encuentran en otros casos como, por ejemplo, los jueces que deciden pedir la excedencia voluntaria para cuidar a su hijo, conciliando con ello su vida laboral y familiar.
AJFdV rechaza la manera en la que se ha abordado la reforma --"de forma sorpresiva, sin proyecto previo, sin el preceptivo informe del CGPJ y tan siquiera sin una exposición de motivos o preámbulo que la justifique", dicen-- y dice no entender por qué no se hace extensivo ese privilegio a toda la Administración y se limita a la Carrera Judicial, Fiscal y de Secretarios Judiciales.
La asociación asegura, además que la medida perjudica la estabilidad de titulares en los órganos judiciales, porque facilita en exceso el ejercicio de otra función pública y deja el órgano judicial sin titular por tiempo indefinido, hasta que el político decida volver a su destino.
La Francisco de Vitoria se suma de este modo al rechazo a la reforma planteado por otras asociaciones de jueces como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) o Jueces para la Democracia (JpD) que ya la han rechazado de forma rotunda y unánime.
Los jueces consideran que la renovación de la norma resta crédito a la independencia de la judicatura y se impulsa por "complacencias personales" hacia determinados políticos que se encuentran en esta situación, como es el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, Antonio Camacho, o el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
La reforma, aprobada por el Congreso el pasado día 22, supone la modificación del artículo 351 de la LOPJ y afecta a jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales que ocupen cargos políticos.
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