El auto judicial conocido esta miércoles concluye que, según los datos expuestos por la Administración autonómica, el riesgo de difusión de la enfermedad es especialmente alto entre la población del municipio de Valladolid, con evidentes indicios racionales de transmisión comunitaria, y que debido a la dinámica de la enfermedad, se considera altamente improbable el control de la situación con la sola aplicación de las medidas generales contempladas en el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, informa la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press.
Entre la argumentación aportada por la magistrada para ratificar la decisión de la Junta, está la consideración de estas medidas como urgentes y necesarias para la protección de la Salud Pública y que se trata de medidas proporcionales a los fines pretendidos, atendiendo a la finalidad última de proteger el derecho a la vida e integridad física de los ciudadanos.
Las actuaciones previstas por la Junta de Castilla y León entrarán en vigor a partir de las 00.00 horas del 3 de septiembre por un plazo de siete días.
