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RENOVACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Llop y Lesmes prepararán un encuentro interdepartamental para tratar el bloqueo de renovación del CGPJ

Noticia

La ministra de Justicia, Pilar Llop, y el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han mantenido un encuentro para preparar la reunión de los grupos de trabajo del Ministerio de Justicia y del CGPJ que se celebrará en las próximas semanas. Sobre la mesa está abordar los problemas derivados del bloqueo en la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial.

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La semana pasada, en una nota informativa de Justicia, señalaban que Llop preparaba ese encuentro entre equipos para abordar la implementación de medidas en el Alto Tribunal que combatan las consecuencias derivadas de ese bloqueo en la renovación y que impide realizar nombramientos discrecionales al CGPJ.

Justicia anunció al hilo que se prorroga durante 2022 las medidas extraordinarias aprobadas en 2021 para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del TS. En septiembre de 2021 se acordó conceder autorización económica para las medidas de refuerzo solicitadas por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

En total, se hizo una dotación extraordinaria de 12 letrados -uno de ellos coordinador- en comisión de servicio con relevación de funciones para las áreas civiles, penal, contencioso-administrativa y social del Gabinete Técnico hasta diciembre de 2021.

Ahora, y ante el escaso tiempo transcurrido para comprobar la efectividad de estos refuerzos, Llop prorrogaba durante 2022 esta dotación de 12 letrados, que supone un presupuesto anual de cerca de 700.000 euros, algo que supone la mayor dotación de recursos impulsados por el Ministerio de Justicia hasta el momento.

Situación del Tribunal Supremo

Ese anuncio del Gobierno llegaba dos días después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (TS) aprobara la propuesta del presidente de la Sala Tercera --de lo Contencioso-Administrativo--, César Tolosa, para reorganizar sus secciones ante las vacantes existentes por la imposibilidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.

En una nota emitida por el TS, recogida por Europa Press, se explicaba que la Sala de Gobierno había constatado "la situación límite" de esa Sala Tercera, que a partir de abril afrontará las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Esto provocará que sólo cuente con 25 magistrados, incluyendo a Tolosa, lo que supone el mínimo legal para constituir las cinco secciones que componen la Sala --cada una debe tener un mínimo de cinco magistrados--.

La propuesta de Tolosa pasa por reforzar las dos secciones que tras las jubilaciones quedarán con sólo cuatro miembros, la Segunda y la Quinta. Así, transfieren un magistrado a cada una desde las salas que cuentan con seis (la Tercera y la Cuarta).

Por otro lado, y con el objetivo de "mitigar la extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse en la Sala", la Sala de Gobierno, presidida por Lesmes, acordó proponer una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo para dar una respuesta más rápida y eficaz a esa litigiosidad masiva, así como medidas específicas y temporales para afrontar esa situación.

Informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Ya en octubre del año pasado, la Sala de Gobierno del TS aprobó un informe del Gabinete Técnico en el que se avisaba de que el hecho de no cubrir las vacantes actuales implicaría que al año se realicen 1.000 sentencias menos. Además, apuntaban a que se incrementarán los retrasos en los tiempos de respuesta.

Advierte así de la situación a la que tendrán que enfrentarse las diferentes salas en el caso de que se prolongue la imposibilidad legal de cubrir las vacantes de magistrados asociada a la interinidad del CGPJ --más de 1.100 días caducado--. El informe recalcaba que de prolongarse en el tiempo esta situación, se convertirá en "insostenible" e implicará que se dicten "aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y se retrasarán enormemente las decisiones de inadmisión que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año".