Fuentes de este Ministerio han explicado a Europa Press que desde el pasado 22 de febrero el departamento que dirige en funciones Rafael Catalá ha puesto una "solución disponible" para que toda la Administración de Justicia pueda hacer efectiva esta adaptación electrónica, que marca la ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las Administración de Justicia.
Asimismo, ha insistido en que "todas las capitales de provincias y principales sedes de Justicia" están tramitando a día hoy de forma electrónica. Precisamente, según ha dicho, "el 65% de los procedimientos judiciales se hacen de forma digital".
De este modo, ha contestado al sindicato Comisiones Obreras que ha denunciado este miércoles que Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia no han dotado de los medios necesarios para la implantación de las nuevas tecnologías y, por tanto, no cumplirán el plazo fijado por dicha normativa, que vence este jueves 7 de julio.
La ley establece que, desde en su entrada en vigor, todas las oficinas judiciales y fiscalías tienen que estar dotadas en cinco años de los sistemas de gestión procesal que permitan la tramitación electrónica de los procedimientos.
En este sentido, desde el Ministerio se ha subrayado que la implantación de esta herramienta se ha ido haciendo de forma "gradual" por todo el territorio español, desde que se instaló en la Diputación de Cáceres como proyecto piloto.
