El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, y el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, han comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar las previsiones presupuestarias del Ministerio de Justicia contenidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019.
El gasto del Estado en materia de Justicia para el presente ejercicio asciende a 2.020,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,9% respecto al año anterior. De esta cantidad, 1.838,2 millones corresponden al Ministerio de Justicia, un 4,8% más de lo destinado en 2018. El 9% restante del presupuesto se reparte entre el Consejo General del Poder Judicial y los organismos autónomos adscritos al Ministerio de Justicia, esto es, el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que también experimentan un incremento de sus fondos respecto a 2018.
El secretario de Estado se ha referido a la clara orientación social de estos presupuestos, "los más altos en materia de Justicia de toda la democracia", que apuestan claramente por la protección de los colectivos más vulnerables. Dolz se ha referido también a la necesidad de reforzar mediante estas cuentas un servicio público más transparente y cercano al ciudadano, que apueste por un replanteamiento de la transformación digital de la Justicia y que sume esfuerzos con los profesionales para avanzar en las reformas que demanda la Justicia.
Atención a las víctimas
En el capítulo social, las partidas previstas contribuyen de manera esencial al objetivo del ministerio que dirige Dolores Delgado de atender las necesidades de los más débiles y garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva. Así, se incrementa en un 8,75%, hasta los 63,99 millones de euros, la inversión en medidas de apoyo a las víctimas de la violencia machista, para cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, prioritario para el Gobierno de Pedro Sánchez.
De esta forma, se reforzarán las Unidades Forenses de Valoración Integral, a las que se destinarán 9,6 millones, un 57,48% más que en 2018, y se dotarán con 29 nuevas plazas. Asimismo, se incrementará el apoyo a los juzgados de violencia sobre la mujer, que recibirán un 2,08% más que el año pasado. En esta materia, Dolz se ha referido al esfuerzo realizado en los últimos meses para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y mejorar la respuesta judicial que reciben las víctimas, como se ha hecho con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vila-real (Castellón) que desde el pasado mes de diciembre extiende su jurisdicción a los partidos de Nules y Segorbe.
Además, se crearán 35 nuevas plazas en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y, en cuanto al servicio de asistencia jurídica gratuita, se prevé una dotación de 48,7 millones de euros que permitirán avanzar en el empeño del ministerio de mejorar la calidad del servicio y reconocer el esfuerzo de los profesionales que lo prestan. Un esfuerzo que ya se tradujo el pasado mes de noviembre en la revalorización -la primera en 15 años- de los baremos y módulos por los que se retribuyen las actuaciones de abogados y procuradores del turno de oficio del territorio del ministerio.
La preocupación por conseguir una Justicia al servicio de los ciudadanos y en favor de las víctimas incluye también la voluntad de recuperar el compromiso con quienes fallecieron como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura. Así, se ha previsto una partida de 15 millones de euros para la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, sin dotación presupuestaria desde el año 2013. Con esta cantidad se atenderán actuaciones prioritarias para el Ministerio de Justicia como la elaboración de un Plan de Exhumación de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura y de un censo de víctimas, la apertura de una oficina de víctimas y la celebración de los actos de conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano español, entre otras iniciativas.
Medidas en materia de medios personales y materiales
Otro capítulo importante es el referido al refuerzo presupuestario en materia de personal y oferta de empleo público que se eleva hasta los 1.451 millones de euros, el 72% del presupuesto del ministerio, un 5% más de lo destinado en 2018. Estos fondos permitirán cubrir los gastos retributivos del personal del Ministerio de Justicia teniendo en cuenta que se actualizan en 2019 un 2,5% y se consolida el incremento del 1,75% resultante del acuerdo en materia de función pública entre Gobierno y sindicatos firmado en marzo de 2018.
El Proyecto de Presupuestos propone asimismo una propuesta de incremento del sueldo de los jueces y los fiscales de menor categoría a través de una partida de 1,31 millones de euros que se traducirá en una subida salarial de 777 euros a 1.697 profesionales en el ejercicio 2019. El secretario de Estado ha subrayado el esfuerzo del ministerio para seguir trabajando en medidas que permitan mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la Justicia como se ha logrado a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en diciembre que recupera otros derechos laborales de jueces y fiscales, más allá de los salariales, como permisos e incapacidades temporales.
Como ha señalado Dolz, un servicio público más ágil y eficaz requiere una dotación adecuada de medios personales, un objetivo al que se dirige este presupuesto que prevé la aprobación de una oferta de empleo público de 3.117 plazas en el ámbito de la Administración de Justicia, en una apuesta por la profesionalización y la reducción de la temporalidad. Las cuentas de 2019 incluyen también la convocatoria de 500 plazas para jueces y fiscales, la más numerosa de los últimos 25 años, superando ampliamente las 300 convocadas el año anterior.
En cuanto a nuevas unidades judiciales, está prevista la creación de 75 unidades judiciales y otras 80 nuevas plazas de fiscales.
Por otro lado, el capítulo de infraestructuras y equipamientos estará dotado con 48,7 millones de euros para la terminación de edificios judiciales en ejecución, inicio de nuevas obras, equipamiento, así como para la rehabilitación y mejora de sedes judiciales.
Modernización de la Justicia
La modernización del sistema de Justicia es otro de los ejes fundamentales de la acción del ministerio. A este capítulo se destinarán 174,6 millones de euros, de los que alrededor de 125 millones se invertirán en los proyectos de transformación digital de la Justicia. De esta cantidad, se destinarán 72,4 millones a la digitalización de órganos judiciales y 15 millones a la digitalización de las fiscalías. Se apuesta también por la implantación progresiva de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal, proyectos en los que se seguirá avanzando a lo largo de 2019.
En este capítulo, es reseñable el programa de actuaciones orientadas a la modernización del Registro Civil para adaptarlo al cambio de modelo en la prestación del servicio que se introducirá con la entrada en vigor en junio de 2020 de la Ley 20/2011 de Registro Civil. En cuanto al área de nacionalidad, se está trabajando para agilizar la gestión de los expedientes pendientes de tramitación. A ambas actuaciones destinarán 16,7 millones de euros.
Otras actuaciones
En cuanto a los organismos dependientes del Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos recibirá, de aprobarse estos presupuestos, casi 12 millones de euros, un 19,26% más que en el ejercicio anterior, para la formación de los miembros de la carrera fiscal y de los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Se incide en una mayor oferta de formación y de mayor calidad que refuerce su carácter práctico y adapte sus contenidos a las políticas públicas en materia de igualdad y violencia de género.
Por otro lado, la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) verá incrementado su presupuesto en un 1,56% hasta los 106,1 millones de euros, destinados a financiar la atención social y sanitaria que se presta a los más de 92.000 mutualistas y beneficiarios.
Entre otras partidas, se prevé una dotación de 6,1 millones de euros para la renovación tecnológica de los equipos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2,2 millones de euros para la Fundación Pluralismo y Convivencia y 1,99 millones para los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.
