En el pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, que ha presidido la ministra, Dolores Delgado, se ha informado de que la figura del coordinador de parentalidad se concibe como un mediador amigable para situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño. La idea es que, a partir de experiencias similares que ya están funcionando en Aragón y Cataluña así como en otros países de nuestro entorno, se pueda extender este programa a todo el territorio nacional.
Entre otros asuntos, la mesa sectorial ha revisado también la situación actual de los juzgados que atienden las reclamaciones de consumidores por cláusulas abusivas de los bancos. Algunas comunidades han manifestado su preocupación por la inadecuación de las medidas adoptadas para gestionar el alto volumen de asuntos que ingresan en estos juzgados especializados y la previsión de que la situación de saturación se traslade a las salas de apelación de las audiencias provinciales. Por ello, el Ministerio junto con el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades tratarán de buscar soluciones y nuevas fórmulas que tengan en cuenta el esfuerzo presupuestario que está suponiendo para todas las administraciones competentes el refuerzo de medios humanos y materiales.
En el pleno se ha abordado, además, la recuperación por parte del personal de la Administración de Justicia de las licencias, permisos y otros derechos laborales perdidos como consecuencia de la aprobación en 2012 de la Ley de Eficiencia Presupuestaria. En este sentido, el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas las medidas aprobadas y las que se proponen para que los trabajadores de Justicia recuperen estos derechos al igual que el resto de funcionarios públicos.
Por otro lado, los cargos del Ministerio presentes en la reunión han anunciado su intención de poner en marcha un plan de calidad en las Oficinas Judiciales y Fiscales. Para ello se han constituido grupos de trabajo integrados por fiscales, jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y sindicatos que definirán, desde el consenso, propuestas de mejora de la estructura, funcionamiento y dotación actual de la Oficina Judicial y Fiscal.
Además, y con la meta de afianzar su implantación, Justicia ha anunciado que, antes de final de año, la Oficina Judicial entrará en funcionamiento en otros 35 partidos judiciales del territorio en el que el Ministerio es competente y que cuentan con un único juzgado. En cuanto a la Oficina Fiscal, se pondrá en marcha en las 31 fiscalías dependientes de Justicia en las que todavía no funciona este nuevo modelo de organización.
